Ávila se encuentra en el centro de la polémica tras las graves consecuencias de los incendios forestales que asolaron la provincia durante el pasado agosto. La procuradora socialista abulense, Soraya Blázquez, ha alzado la voz para denunciar una drástica reducción en los medios destinados a la prevención y extinción de incendios, señalando directamente a la Junta de Castilla y León como responsable.

En una rueda de prensa conjunta con el secretario provincial del PSOE, Carlos Montesino, celebrada este lunes, Blázquez reveló que el número de operarios en las cuadrillas terrestres se ha desplomado un 50% desde el año 2000. Lo que antes eran 324 efectivos, ahora se reduce a tan solo 167, a pesar de la incorporación de medios aéreos y cuadrillas nocturnas, ha dicho.

"Lo que vivimos en agosto fue la crónica de un incendio anunciado", ha lamentado Blázquez, recordando que la falta de recursos ha sido una denuncia constante por parte de su partido. La procuradora también ha criticado la "ineficacia" e "ineptitud" de la Junta, mientras que Montesino ha ido más allá, instando al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a "reconsiderar su permanencia en el cargo" y exigiendo el cese del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La situación se agrava, según la denuncia, por la precariedad de los medios disponibles. De las nueve autobombas en la provincia, cinco operan con un solo efectivo, limitando su capacidad de respuesta. Además, desde filas socialistas han cuestionado la cobertura de las torres de vigilancia, con solo siete de las once operando las 24 horas.

Bolsa de empleo

La falta de una bolsa de empleo para personal capacitado en la lucha contra incendios es otra de las críticas vertidas por el PSOE. Ante este panorama, Blázquez ha lamentado que la respuesta del presidente autonómico se limitara a "sacar a pasear la chequera" durante el Pleno extraordinario solicitado por su partido.

La denuncia del PSOE pone de manifiesto la preocupación existente en la provincia de Ávila por la gestión de los recursos antiincendios y plantea serias interrogantes sobre la preparación de la Junta de Castilla y León para afrontar futuras emergencias.