El Gobierno ha puesto en marcha este martes el procedimiento para que los vecinos y afectados por las emergencias registradas desde el pasado 24 de junio puedan solicitar las ayudas previstas en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha aprobado la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil a los territorios que han sufrido los episodios más graves.

Entre las provincias señaladas se encuentra Ávila, donde varios incendios forestales han puesto a prueba a los dispositivos de extinción y han obligado a desplegar recursos estatales y autonómicos. Uno de los más preocupantes se produjo el pasado 8 de agosto en San Bartolomé de Pinares, considerado uno de los de mayor intensidad del verano. Días antes, localidades como Navaluenga (18 de julio) y Mombeltrán (29 de julio) también se vieron amenazadas por las llamas, en plena segunda ola de incendios del año. Posteriormente, el 15 de agosto, el fuego alcanzó a Herradón de Pinares, completando una serie de episodios que han marcado el verano abulense.

El Ejecutivo recuerda que desde finales de junio se han contabilizado en toda España 121 emergencias, la mayoría (114) vinculadas a incendios forestales. En el caso de Ávila, la simultaneidad de varios focos en plena ola de calor ha incrementado la peligrosidad y ha puesto en riesgo viviendas, explotaciones agrarias y espacios naturales de alto valor ambiental.

Ayudas para los damnificados

El acuerdo aprobado contempla ayudas directas para paliar los daños personales y materiales, incluyendo viviendas, enseres y bienes públicos y privados. También se prevén compensaciones a corporaciones locales, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a particulares que hayan colaborado con recursos o prestaciones.

Además, la medida abre la puerta a exenciones de tasas de tráfico, duplicados de permisos, bajas de vehículos calcinados, e incluso la gratuidad en la expedición de documentos como el DNI. Otros ministerios aportarán beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, subvenciones agrícolas y apoyo económico a los ayuntamientos de las zonas afectadas.