Las organizaciones provinciales de ASAJA en Ávila y Valladolid han reclamado una reordenación inmediata de la gestión pública de las políticas ambientales, con el objetivo de que vuelvan a depender del mismo ámbito administrativo que la agricultura y la ganadería, tanto a nivel estatal como autonómico. La organización considera que la actual separación de competencias está teniendo consecuencias negativas directas sobre el sector primario.

Desde ASAJA recuerdan que esta estructura ya existió anteriormente, tanto en el ámbito estatal como en los primeros años del desarrollo autonómico en Castilla y León, y que respondía a una concepción integral del territorio. En su opinión, medio ambiente, producción agraria y gestión forestal forman un sistema interdependiente que no puede abordarse de manera fragmentada.

La organización agraria denuncia que muchas de las decisiones en materia ambiental se adoptan sin un conocimiento real del funcionamiento del medio rural, lo que está afectando gravemente a la viabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas, especialmente en Castilla y León. ASAJA advierte de que estas políticas están contribuyendo al abandono del campo y a la pérdida de población en los pueblos.

Uno de los ejemplos más visibles, señalan, es la gestión de la fauna silvestre. ASAJA subraya el incremento de los ataques del lobo a la ganadería extensiva, así como la expansión del jabalí, que actúa como transmisor de enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina africana, con un elevado impacto económico. A ello se suma la influenza aviar, asociada a aves migratorias, y los daños provocados por los conejos en cultivos y viñedos, ante lo que denuncian una falta de respuesta eficaz por parte de las administraciones.

La organización agraria también critica las trabas administrativas al desarrollo de explotaciones ganaderas, las restricciones relacionadas con el uso del agua, la limitación del regadío, las exigencias en materia de fertilización, el veto a determinados medios de control de plagas y la prohibición de quemas controladas, medidas que consideran amparadas en una aplicación "ideológica" de la Agenda 20/30.

ASAJA vincula además estas políticas con el aumento de los grandes incendios forestales, que, a su juicio, no son inevitables, sino consecuencia del abandono del medio rural y la falta de gestión activa del territorio. Denuncian que la criminalización de la ganadería extensiva, las restricciones a los aprovechamientos forestales y la excesiva burocracia dificultan la prevención y aumentan la vulnerabilidad de los montes.

Desde ASAJA Ávila y Valladolid insisten en que no puede hablarse de sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica y social, y advierten de que la actual separación de competencias está acelerando el cierre de explotaciones y la despoblación rural, además de fomentar la importación de alimentos producidos bajo estándares menos exigentes.

Por todo ello, la organización exige que las políticas ambientales vuelvan a integrarse en la misma cartera que la agricultura y la ganadería, defendiendo una gestión conjunta que permita compatibilizar la protección del medio natural con la continuidad de quienes trabajan y mantienen el territorio: agricultores y ganaderos.