El Secretario General de CCOO, José Alberto Novoa Nieto, ha denunciado que el Ayuntamiento de Ávila mantiene un "incumplimiento, una vez más, de sentencias" relacionadas con la valoración de puestos de trabajo en la plantilla municipal. Acompañado por representantes de la sección sindical, ha advertido de que esta situación podría derivar en "una especie de insumisión judicial" por parte del Consistorio.

Novoa ha detallado que existen dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila, dictadas en junio de 2023, que obligan a valorar determinados puestos. El Ayuntamiento recurrió ante el TSJ de Castilla y León, que en noviembre de 2023 confirmó la obligación y lo condenó a ejecutar la valoración. Sin embargo, según el sindicato, el Consistorio se ha otorgado diez meses, de septiembre de 2024 a julio de 2025, para cumplirla, lo que para CCOO forma parte de una estrategia para "alargar los procesos judiciales".

Ante esta situación, CCOO ha solicitado al juzgado que identifique a "las personas, autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Ávila que estén incumpliendo los requerimientos judiciales", con el fin de que puedan imponerse multas coercitivas si procede. Además, el sindicato recuerda que "el incumplimiento de sentencias es un delito penal por desobediencia a la justicia" y señala directamente al alcalde como responsable último.

Los dos casos citados corresponden a trabajadores que reclamaron la valoración de sus puestos por nuevas funciones, un proceso que, según CCOO, debería estar resuelto con una adecuada política de recursos humanos. "Si el Ayuntamiento de Ávila hiciera bien su trabajo en materia de recursos humanos, los trabajadores y trabajadoras no tendrían que recurrir a los tribunales", ha subrayado Novoa.

El secretario general ha admitido que "según los casos, sí que valora los puestos de trabajo adecuadamente, incluso en algunos sin necesidad de que los trabajadores tengan que recurrir a los tribunales, pero en otros no es así". Para el sindicato, el problema responde a una falta de "voluntad política".

Por ello, CCOO insiste en pedir a los tribunales que intervengan, identifiquen a los responsables y determinen si existe "algún tipo de delito, que puede ser presuntamente de carácter penal", derivado del incumplimiento reiterado de las resoluciones judiciales.