El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos del PP firmaron este domingo la 'Declaración de Murcia', que defiende que, "siempre que existan datos que lo permitan, se debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen". Así se recoge en uno de los 13 puntos que conforman el apartado de la inmigración, en el que los presidentes del PP también exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que "garantice la determinación de edad" de los menores migrantes.

Este consenso se ha alcanzado justo cuando el Gobierno está llevando a cabo el reparto de 4.000 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. La gran mayoría irán a comunidades del PP, que se niegan a acoger a más alegando que están sobrepasados de capacidades. 

Por ello, los populares reclaman también al Ejecutivo que asuma "la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos de las comunidades". Y concluyen que "la gestión de los menores no acompañados no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas".

Núñez Feijóo se comprometió este domingo a implementar un nuevo visado por puntos como el de Canadá o Australia para controlar la entrada de migrantes que quieran trabajar en sectores sin mano de obra, que se adapten "mejor" a la cultura española y que procedan de terceros países que colaboren con la política migratoria de un eventual Gobierno del PP.

El líder de la oposición propuso, además, "recompensar" a los terceros países que colaboren con la política migratoria de España. Y lo hizo en un discurso en el que remarcó su "tolerancia cero con el delito", que implicará "automáticamente que se pierda el derecho a la residencia" del inmigrante, tenga o no papeles, aunque con matices.

Feijóo se esforzó en distinguir su discurso migratorio del de Vox, al que acusó de tratar a los inmigrantes como "delincuentes por defecto" y deshumanizarlos. Pero subrayó que España no puede "renunciar a controlar" sus fronteras en favor de "las mafias", que lanzan a "miles de personas al mar engañadas" poniendo su vida en riesgo. Además, incidió en ligar la permanencia en España y el derecho a cobrar subsidios a "la búsqueda activa del empleo".

Con los barones del PP a su espalda, Feijóo presentó su modelo ante un desbordado Teatro Circo de Murcia como "la única alternativa que tiene el Estado". Y en el principal bastión de Vox, acusó a Santiago Abascal de "construir" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una pinza para intentar volarlo todo" y polarizar la sociedad.

Feijóo inauguró así el renovado discurso migratorio del PP, que dio el pistoletazo de salida con la firma de la 'Declaración de la Región de Murcia', un documento de 16 páginas firmado por todos los presidentes autonómicos del PP, desde el andaluz Juanma Moreno hasta la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que fue la más aclamada por los simpatizantes que se acercaron al lugar –el coche tuvo que atravesar la marabunta de gente que quiso fotografiarse con ella para sacarla de allí cuando todos sus compañeros, incluido Feijóo, ya se habían ido–.

Recompensas a terceros países

El texto recoge más de una decena de compromisos de los 14 gobiernos regionales del PP que sientan las bases del plan migratorio que presentará a lo largo de las próximas semanas: control de fronteras, "orden y legalidad", priorizar a los hispanos y buscar la "reagrupación" de los menores extranjeros no acompañados, es decir, el retorno a sus países de origen. Feijóo fue más allá de estas propuestas ya conocidas y abrazó las visas de puntos de Canadá, Australia o Reino Unido.

"Defendemos un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración", dijo. "Y en ese visado también computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria. Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados; y si incentivan el desorden, evidentemente no tendrán visado las personas que vengan de esos países", añadió.

Sin embargo, el gallego no aclaró cómo se "recompensarán" a estos países. Otros gobiernos, como los de Italia y Australia, pagan directamente a los terceros países por cada extranjero deportado que reciben. Lo que sí se hace en España, y desde hace años, es impulsar acuerdos con países como Marruecos o Mauritania para fomentar un modelo de "migración circular".

"No vamos a renunciar a controlar nuestras fronteras, es la soberanía de una nación", proclamó Feijóo. "La inmigración bien gestionada es una oportunidad; mal gestionada es una fuente de división y precariedad. Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones entran porque España no puede permitir que sean otros, menos aún las mafias, quienes decidan cuántos y qué inmigrantes ilegales llegan a nuestras costas o a nuestros aeropuertos", añadió.

El líder del PP ve prioritario que España ataje "la inmigración ilegal" que, a su juicio, ha multiplicado el Gobierno de Sánchez. De lo contrario, "se alienta la xenofobia" y pagan "justos por pecadores". No obstante, frente a las amenazas de Vox de romper con el PP en las comunidades que acojan menores migrante, Feijóo subrayó que esta problemática "no se arregla llamando a incumplir la ley", sino "cambiándola con propuestas".

"Tolerancia cero" con delincuentes

Por otro lado, el gallego incidió en que tendrá "tolerancia cero"con los delincuentes, pero rechazó las deportaciones masivas. "No nos van a encontrar en la política de que entre quien quiera, pero tampoco hay que echarlos a todos. Cada inmigrante es una persona con una dignidad intrínseca y debe ser tratado como ciudadano responsable de sus propios actos, con derechos y también con deberes. Ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox. Ninguno de los dos extremos es verdad y, en consecuencia, la solución no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar; es poner orden y aplicar la legalidad de una vez por todas", argumentó.

Con ello, el líder de la oposición aseguró que, con un Gobierno del PP, "los delitos graves implicarán automáticamente que se pierda el derecho a la residencia", un escenario que también se dará con los delincuentes reincidentes, aunque sus actitudes "sean leves". "Los españoles cumplimos la ley y los inmigrantes han de cumplir la ley […]. Quien venga a quebrantar las normas encontrará la firmeza de un Estado que va a defender a sus ciudadanos; quien llegue con voluntad de trabajar, de respetar y de cumplir nuestras leyes y de contribuir a la vida común, tiene que ser acogido".

Ayudas ligadas al trabajo

Por último, Feijóo incidió en que la política migratoria debe girar sobre el principio de que "contribuir tiene que ser condición para permanecer". Según denunció, con el modelo actual, miles de migrantes entran en España "ilegalmente sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del Ingreso Mínimo Vital".

Para acabar con este fenómeno, propuso que la percepción de ayudas públicas se ligue a "a búsqueda activa de empleo" para evitar que las subvenciones no sean "el único medio de vida de la gente que llega a España". Con este discurso, Feijóo arrancó una nueva estrategia para apropiarse de la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal y la criminalidad, que culminará con un plan legislativo que presentará a lo largo de las próximas semanas.

Cargos populares que asistieron a la cumbre de Murcia admitieron a Servimedia sus recelos por la posibilidad de que esta nueva apuesta pueda engordar el crecimiento de Vox, en auge en las encuestas. Otros, en cambio, celebraron entusiasmados el tono de Feijóo y abrazaron el endurecimiento de sus postulados.