El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Ávila ha lanzado una dura crítica contra el equipo de Gobierno del Partido Popular, denunciando una gestión que califica de "negligente e irresponsable" tras conocerse una sanción de la Inspección de Trabajo que obliga a la institución a pagar 103.270,76 euros de dinero público. La multa se debe a graves incumplimientos en las cotizaciones a la Seguridad Social de las horas extraordinarias realizadas por trabajadores de la Diputación durante los años 2022, 2023 y 2024.

La resolución de la Inspección de Trabajo constató que la Diputación de Ávila no efectuó la cotización adicional obligatoria por horas extraordinarias, además de detectar retrasos significativos en su liquidación y deficiencias en su correcta imputación a las nóminas. Como resultado, la institución debe hacer frente a un pago de 86.058,97 euros en cuotas pendientes y otros 17.211,79 euros en recargos, sumando el total de más de cien mil euros.

José Raúl Martín Blanco, diputado provincial del Grupo Socialista, ha calificado este expediente como "un nuevo ejemplo de la incapacidad del Partido Popular para gestionar con rigor la Diputación". Además, ha enfatizado que "no hablamos de un error administrativo menor; hablamos de incumplimientos detectados por la Inspección de Trabajo que cuestan a todos los abulenses más de cien mil euros, en detrimento de los pueblos y municipios de la provincia, porque son recursos públicos que dejan de destinarse a mejorar los servicios que necesitan nuestros vecinos".

El diputado socialista ha señalado la especial gravedad de que estas irregularidades afectaran a varios ejercicios consecutivos y no se corrigieran antes de la intervención inspectora. En su opinión, este dinero debería haberse invertido en servicios esenciales para el medio rural en lugar de ser destinado a subsanar fallos administrativos.

Comparecencia pública

Ante la magnitud de la situación, el Grupo Socialista ha exigido la comparecencia pública del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y del diputado responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Sánchez Mesón, para que expliquen lo sucedido y asuman las responsabilidades políticas que correspondan. Además, reclaman conocer quién permitió estas cotizaciones incorrectas durante años, por qué no se corrigieron antes de la inspección, qué medidas se han implementado para evitar futuras repeticiones y cuál será el coste económico final para las arcas provinciales.

Martín Blanco ha sido rotundo al afirmar que el Partido Popular "no puede limitarse a firmar el pago de más de 103.000 euros y pasar página", tras añadir que "los responsables políticos deben dar la cara porque el dinero público no está para pagar las consecuencias de una mala gestión".