"Estamos finalizando el 2025 y volvemos a convertirnos en víctimas de lesiones; la Guardia Civil de Tráfico de Ávila ha tenido varias actuaciones que han generado atentados a Agentes de la Autoridad", han denunciado desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recordando que el pasado jueves 27 de noviembre, un Dispositivo Operativo acabó con lesiones leves a un agente y con el agresor detenido; los compañeros de Investigación de Siniestros Viales de Trafico que respondieron al aviso de un vehículo sustraído en la noche del 6 de diciembre, donde viajan un grupo de personas que, ante la presencia de los agentes, les hicieron frente, temiendo por su vida, aunque finalmente los ocupantes huyeron del lugar; y otros compañeros del destacamento de tráfico de Ávila que vieron como su vehículo fue alcanzado por detrás por otro vehículo, mientras auxiliaban a otro vehículo.

Para la asociación, "en nuestro trabajo somos víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarnos a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía y al mantenimiento del orden público; una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible en un Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior, tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contempla el Código Penal: de 6 meses a 3 años de prisión para el delito de atentado contra agente de la autoridad, y de 3 meses a 1 año de prisión o multa para el delito de resistencia o desobediencia grave".

Desde AUGC han pedido al Gobierno que reconozca a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. "No es comprensible que Policía Local, Mossos d'Esquadra y Ertzainza tengan ese reconocimiento laboral, y en cambio Policía Nacional y Guardia Civil no, y consideramos imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad", apuntan, tras lamentar que "los/las agresores/as, en muchas ocasiones, sean puestos en libertad a las pocas horas de su detención; no es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está recuperándose de las lesiones físicas o psicológicas".

"Llevamos tiempo solicitando al Ministerio del Interior pistolas táser y cámaras corporales; cada patrulla de nuestros pueblos debería poder llevar este tipo de herramientas como parte de la uniformidad, puesto que contribuirían a disuadir a los autores y con ello se evitarían agresiones que ponen en peligro la integridad física de agentes y ciudadanos", señalan, tres recordar que "entendemos necesario que, por parte de la Fiscalía, se adopte el criterio de solicitar el ingreso en prisión provisional de los/las investigados/as por delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones sobre estos y que, por parte de los Juzgados de Instrucción, no se tramiten estos asuntos como diligencias urgentes de juicio rápido".