La Junta de Castilla y León ha insistido en la importancia de las ayudas para retirar y sustituir amianto durante la visita a una explotación familiar de la provincia. El delegado territorial, José Francisco Hernández Herrero, ha subrayado que esta subvención "financia el 50% de los costes de retirada y sustitución" de un material "que está prescrito, que hay que ir eliminando de todas las instalaciones".

Hernández Herrero ha lamentado que en Ávila el número de solicitudes sea menor que en otras provincias e hizo un llamamiento a participar en esta línea "muy interesante", destacando que la Oficina Territorial de Trabajo está "a la entera disposición de cualquier solicitante de la provincia". El delegado ha reiterado su doble mensaje de "agradecimiento y puesta a disposición" para facilitar la divulgación y tramitación de estas ayudas.

Durante el recorrido, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, ha explicado que la Junta suscribirá una nueva colaboración con las diputaciones provinciales para elaborar los mapas de amianto que exige la Ley 7/2022 de Residuos. Estos planes deberán identificar instalaciones con este material y fijar un calendario de retirada, dando prioridad a los casos de mayor riesgo. "En municipios de menos de 5.000 habitantes", ha recordado, la Junta financiará este trabajo conjunto.

Barrios ha detallado además que la retirada ejecutada en la nave visitada está subvencionada por la línea específica de la Dirección General, con un doble objetivo: "evitar la exposición a este agente cancerígeno y evitar las caídas en altura". Sobre las cuantías, ha recordado que la Junta cubre "el 85% en la retirada y el 50% en el nuevo tejado".

Además, ha contextualizado estas convocatorias dentro del VII Acuerdo en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que moviliza "unos 12 millones de euros" anuales, y ha animado a las empresas a presentar sus solicitudes con rapidez porque "se abre el periodo de solicitudes y hay que presentar la solicitud de forma rápida y ágil".

Respecto al plazo límite para la retirada del amianto, Barrios ha señlado que la ley fija el año 2028, aunque "no prevé exactamente qué es lo que pasaría" si una empresa incumple. Aun así, ha insistido en que el objetivo es que los municipios diseñen sus mapas y planifiquen la retirada "dando cumplimiento a esa norma básica estatal".

La visita ha concluído con la intervención de Pilar Rodríguez, representante de la familia propietaria de la explotación. Rodríguez ha destacado la importancia de mantener el legado familiar. Ha señalado que el proceso de sustitución de la cubierta "ha sido muy ágil" y ha reivindicado la necesidad de que el medio rural se sume a estas iniciativas.