La finalización del pago en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que conectan Ávila con Madrid, vuelve a generar controversia. Si bien el Gobierno había fijado el año 2029 como fecha de finalización, recientes declaraciones de la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, dejan abierta la posibilidad de que se extienda hasta 2036, tal y como ha denunciado el diputado popular abulense Héctor Palencia.

El debate se ha reavivado en la Comisión de Transportes del Congreso, donde Palencia cuestionó la razón por la cual no se cumplió con el fin del peaje en noviembre de 2024, tal y como, según él, se acordó con la Unión Europea en 2011, ampliándose hasta 2036.

Báguena reconoció la "complejidad" del asunto, explicando que la concesión original, adjudicada en 1999, contemplaba una duración entre 32 y 37 años, finalizando en 2031 o 2036, respectivamente. Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2010 cuestionó la adjudicación original por vulnerar directivas de contratación pública.

El diputado abulense, en su réplica, ha expuesto una comunicación del Defensor del Pueblo que menciona la licitación de una nueva concesión para compensar a la actual por la reducción de 7 años impuesta por la Unión Europea. El diputado popular interpreta esto como una prolongación encubierta del peaje hasta 2036 para "pagar el rescate" de la autopista, acusando al Gobierno de "mentir" sobre el asunto.

En respuesta a estas acusaciones, Báguena ha reconocido que la licitación de la concesión está establecida en un Real Decreto de 2012, y que "cuando llegue esa fecha habrá que decidir si se modifica ese Real Decreto y se prorroga o no". A pesar de ello, insistió en que el acuerdo con el TJUE exige reducir el plazo del peaje en siete años, lo que situaría el fin en 2029.

La ambigüedad en las declaraciones de la secretaria general ha generado confusión y alimenta la incertidumbre sobre el futuro de los peajes en estas autopistas. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que deberá decidir si prorroga o no la concesión más allá de 2029, una decisión que tendrá un impacto directo en los bolsillos de los conductores que transitan entre Ávila y Madrid.