La Audiencia Provincial de Ávila ha reconocido a Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel en febrero de 2018, la posibilidad de ejercer la acusación particular en el caso que investiga a dos trabajadores del centro penitenciario de Brieva (Ávila), por un supuesto trato de favor a la interna a cambio de favores sexuales.

De esta manera, el juez estima el recurso de apelación presentado por la defensa de Quezada, contra el auto dictado el pasado mayo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila, que le denegaba la posibilidad de ejercer la acusación particular en este caso.

Ante este juzgado abulense, encargado de instruir las diligencias previas, la defensa de Ana Julia Quezada presentó un recurso de reforma contra el auto emitido en marzo de este año y que le impedía personarse como acusación "por no ostentar la condición de perjudicada ni ofendida por el delito objeto de la investigación".

Por ello, planteó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ávila, que le ha dado la razón, estimando "íntegramente" el mismo, lo que ha implicado la revocación del auto dictado el pasado mayo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila.

El recurso de apelación se sustentaba "como motivo único, en la vulneración del artículo 24.1 CE (Constitución Española) y del derecho a la tutela judicial efectiva", sosteniendo que "sí ostentaría la condición de sujeto pasivo del delito objeto de investigación".

Esta situación se produce a raíz de la investigación abierta contra dos trabajadores del centro penitenciario de Brieva, como supuestos responsables de un delito de cohecho, al haber proporcionado supuestamente un "trato de favor" a Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel, cuando tenía 8 años, "a cambio de recibir favores sexuales" por parte de la condenada.

Según informó en su momento el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, los investigados por la Guardia Civil son un funcionario de esta prisión de mujeres y una persona que lo hacía como personal laboral, ninguno de los cuales trabajan ya en la cárcel.

El trabajador laboral, que ejercía como cocinero, se había jubilado, mientras que el funcionario, que había solicitado la jubilación anticipada, se encontraba de baja, después de habérsele denegado al estar inmerso en este proceso.

Ana Julia Quezada prestó declaración tras la investigación iniciada hace más de un año, a raíz de que la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, denunciara públicamente que la asesina de su hijo disponía de un teléfono que utilizaba para realizar entrevistas con el objetivo de realizar un documental en torno al asesinato de 'el Pescaíto' en el municipio almeriense de Níjar.

A raíz de esa investigación, dos trabajadores del centro penitenciario de Brieva fueron investigados por la Guardia Civil de Ávila por "la presunta comisión de un delito de cohecho", según dijo el subdelegado del Gobierno en Ávila.

Dicho delito habría consistido en "proporcionar un trato de favor a una interna de la prisión a cambio de recibir favores sexuales por parte de la misma".

Una vez finalizada la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y los testigos -internas, funcionarios y personal laboral-, el instituto armado entregó las diligencias al juzgado, que es el que "debe marcar las actuaciones a realizar".

EFE