La Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha culminado la ejecución de una orden judicial de demolición de una edificación ilegal levantada en suelo rústico en una localidad del Valle del Tormes, en el Parque Regional de Gredos, en la provincia de Ávila. La construcción, que se destinaba a vivienda ocasional, carecía de licencia urbanística y su uso real contradecía el autorizado inicialmente.

El caso ha derivado en la condena de un matrimonio como autor de un delito contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Las investigaciones y las inspecciones realizadas por el SEPRONA han acreditado que la edificación, que comenzó su andadura con la apariencia de una nave agroganadera, fue progresivamente transformada hasta adquirir la tipología y distribución propias de una vivienda, todo ello sin obtener las licencias y autorizaciones administrativas preceptivas.

La irregularidad fue detectada por primera vez por la Guardia Civil en el año 2011. Desde entonces, diversas inspecciones, que coincidieron plenamente con los informes técnicos emitidos por la Comisión Territorial de Urbanismo y el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial de Ávila, confirmaron que el uso que se daba a la construcción no se correspondía en absoluto con el fin autorizado.

La gravedad de la situación se ve acentuada por la ubicación de la edificación. Con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados en planta, se encontraba en un suelo rústico especialmente protegido, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos. En esta zona, el uso residencial es frontalmente incompatible con la normativa urbanística y medioambiental vigente, dado su alto valor ecológico y paisajístico.

Demolición

Tras constatarse el incumplimiento por parte de los promotores de la obligación de ejecutar voluntariamente la demolición en los plazos establecidos por la autoridad judicial, fue el Ayuntamiento de la localidad el encargado de proceder a la ejecución subsidiaria de las obras de derribo. Esta actuación se llevó a cabo el pasado 1 de diciembre, en cumplimiento estricto de la sentencia firme dictada por el órgano judicial competente.

La Guardia Civil ha aprovechado esta intervención para recordar la imperiosa necesidad de respetar la normativa urbanística y medioambiental, haciendo especial hincapié en la protección de terrenos rústicos y espacios naturales que cuentan con figuras de protección. Las construcciones en estas áreas deben ajustarse rigurosamente a los usos permitidos por la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, garantizando así la preservación del entorno.