La apertura del Año Judicial ha dejado un mensaje especialmente contundente desde la cúpula del Poder Judicial. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha defendido la independencia de los jueces y ha advertido de las consecuencias que pueden tener las acusaciones que atribuyen sus decisiones a intereses políticos.

Ante el Rey y las principales autoridades del Estado, Perelló ha calificado de "extraordinaria gravedad" este tipo de imputaciones, al considerar que pueden llegar a atribuir a los jueces una conducta delictiva. A su juicio, señalar que un magistrado decide por razones políticas en lugar de jurídicas supone cuestionar uno de los pilares básicos de la Justicia.

"Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de derecho", ha advertido.

Críticas sí, presiones no

El discurso de Perelló llega en un momento de especial tensión entre las instituciones por distintas resoluciones judiciales. La presidenta del CGPJ ha diferenciado claramente entre la crítica a una sentencia y los ataques dirigidos contra quienes la dictan.

Las decisiones de jueces y magistrados, ha reconocido, "pueden ser criticadas" y la crítica fundada puede incluso contribuir a mejorar la Justicia. Lo que considera inadmisible es utilizar la descalificación pública como una forma de presión.

"No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que quien acude a los tribunales no puede esperar necesariamente que el fallo sea favorable a sus intereses. Su derecho, ha explicado, es obtener una resolución fundada en Derecho, motivada y adoptada con todas las garantías.

Perelló también ha apelado a la "lealtad institucional" como elemento necesario para preservar el equilibrio entre las distintas instituciones del Estado. No se trataría, ha señalado, de una mera cuestión de cortesía política, sino de una condición para garantizar el correcto funcionamiento del sistema constitucional. La presidenta del CGPJ ha insistido además en que los jueces deben permanecer al margen de las presiones externas y de los intereses de las partes. "El juez ha de estar libre de influencias externas y mantenerse ajeno a los intereses de las partes y al resultado del litigio", ha señalado.

También pide prudencia dentro de la carrera judicial

El mensaje de Perelló no se ha dirigido únicamente hacia quienes cuestionan públicamente las resoluciones. También ha reclamado responsabilidad a los propios jueces y magistrados.

La discrepancia, ha reconocido, "forma parte de la vida democrática", pero debe ejercerse desde el respeto y con "mesura y prudencia". La independencia judicial, ha defendido, no significa ausencia de responsabilidad en las intervenciones públicas. Como presidenta del Consejo, Perelló se ha comprometido a trabajar desde la imparcialidad y la neutralidad, buscando los mayores consensos y rechazando cualquier influencia o injerencia externa.

El objetivo, ha remarcado, debe ser preservar los derechos de los ciudadanos y garantizar que la Justicia pueda ejercer sus funciones sin presiones directas ni indirectas, en un momento en el que la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo atraviesa una etapa especialmente delicada.