"Pésima y decifiente". Así ha calificado UGT la gestión de los incendios llevada a cabo por la Junta de Castilla y León este verano en una rueda de prensa celebrada este jueves en Ávila, donde ha anunciado una manifestación estatal para el próximo 24 de septiembre en Valladolid.

Beatriz Llorente Galán, secretaria general de Servicios Públicos de UGT en Ávila, Javier García, responsable federal de bomberos forestales de UGT, Tomás Pérez, secretario general de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, y Enrique Sánchez Granado, responsable autonómico de bomberos forestales, han analizado la gestión que el Gobierno regional en la prevención y extinción de los incendios forestales en Ávila y de las consecuencias que ha tenido para todo el territorio de Castilla y León.

En el caso de Ávila, la octava provincia más afactada por el fuego en España, Llorente Galán ha comentado las "deficiencias" que ha habido en personal laboral durante la actual campaña. A fecha de 15 de agosto, "faltaban 7 vigilantes de incendios; 2 de conductores de autobombas, y 6 en mangueristas", ha destacado, mientras que en materia de personal funcionario "de lo 115 puestos de agentes medioambientales, sólo estaban cubiertos 89 puestos, y sólo ha habido 9 técnicos haciendo guardias, por lo que algunos de los cuales han tenido que realizar cinco días seguidos de guardias".

Los representantes sindicales han insistido en la necesidad de disponer de un servicio de extinción de incendios "público, coordinado, bien comunicado y con las mismas condiciones laborales" ya que, tal y como ha señalado Enrique Sánchez, quien ha apuntado que "una persona que trabaja en la misma comunidad, en el mismo dispositivo y en el mismo lugar de trabajo haciendo lo mismo tiene diferentes condiciones de contratación y derechos laborales que la de al lado".

Ya que el dispositivo en Castilla y León es un dispositivo mixto con un equipo contratado directamente con la administración pública y otro privado, que "suele depender de la empresa que más barato oferte el servicio, que es quien se lleva la licitación con las consecuencias que eso conlleva". UGT tambián ha puesto el foco en la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, Básica de Bomberos Forestales, que va a cumplir un año desde que entró en vigor y aún no se sabe cómo va a desarrollarse en la Comunidad "porque el Infocal de este año ni siquiera recoge la figura de bombero forestal, pese a que, en el mes de noviembre deberá estar implementada en toda Castilla y León".

"Y es que, en Castilla y León no hay bomberos forestales, hay peones, mangueristas, conductores, pero no bomberos", ha explicado Tomás Pérez, tras denunciar que "es muy importante el nombre de los trabajadores porque implican unos derechos y unas enfermedades laborales asociadas"." Por ejemplo, los EPIs que usan en el desempeño de su trabajo terminan con partículas cancerígenas y peligrosas para la salud y, en las empresas privadas, están obligando a los trabajadores a lavar en sus casas estos uniformes con todo lo que ello supone", ha dicho, tras señalar que "tenemos un equipo del siglo XIX para hacer frente a incendios del siglo XX".

Dispositivo público

Ante esta situación, el sindicato ha exigido un dispositivo "público, con estabilidad y formación continua y constante". Sin embargo, tal y como explicado Javier García, "cada campaña se incorporan nuevos trabajadores que se enfrentan por primera vez a un incendio. Tardas meses en formarles y, cuando se han estabilizado en los medios rurales más despoblados, se les acaba el contrato y tienen que marcharse". "os incendios matan, la precariedad mata y la falta de inversión también mata", ha añadido, tras recordar que 8 personas han perdido su vida apagando incendios este año, 3 de ellos bomberos forestales y 5 de ellos, personal voluntario.

Con unos incendios cada vez más virulentos y más pegados a los asentamientos humanos, este año se han disparado las cifras de manera "terrible" en el mes de agosto ya que se han alcanzado las 400.000 hectáreas forestales arrasadas por el fuego. "El año 2025 es el peor año hasta la fecha del siglo XXI y tendríamos que remontarnos a 1994 para encontrar un año tan nefasto", ha recordado Pérez, quien también ha incidido en la figura de los agentes medioambientales, que son los encargados del mantenimiento de nuestra gran masa forestal y parte imprescindible de los equipos antiincendios, "pero que se rigen por un decreto que data de 2007 y no ha sido actualizada ni adaptada desde entonces" y que han perdido 90 RPts además de 1300 guardias. Asimismo, han desaparecido las brigadas de investigación que "son las que determinaban cuáles habían sido los orígenes de los incendios para poder implementar medidas que evitasen que volviese a suceder en el futuro".

Por todo ello, desde UGT han exigido "un gran cambio en la gestión de incendios forestales y un servicio público, real, bien formado, profesional y que trabaje todo el año". "Además, que trabaje en las zonas de riesgo y que realice trabajos preventivos de calidad, en áreas cortafuegos, creación de puntos de agua, etc.", han añadido.