España sufre una grave oleada de incendios que está arrasando grandes extensiones de terreno, poniendo en riesgo vidas humanas y el medio ambiente. En este contexto, el Código Penal español establece penas severas para quienes provocan incendios, especialmente cuando estos suponen un peligro para la integridad física de las personas o para espacios naturales protegidos.

En este contexto, la Guardia Civil ha informado de recientes detenciones y procesos judiciales relacionados con incendios intencionados. Entre ellos, un hombre perteneciente al servicio de extinción fue arrestado por provocar un incendio que devastó 2.200 hectáreas en Ávila. También se investiga a una mujer por haber provocado cinco incendios en Muxía (Coruña) en menos de dos semanas.

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El Código Penal establece en su artículo 351 penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes provoquen incendios que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas. Esta misma sanción aplica a quienes incendien montes o masas forestales con riesgo para la vida humana, según el artículo 352.

En caso de que no exista riesgo para las personas, la ley contempla penas de prisión de 1 a 5 años, además de multas que pueden ir desde doce a dieciocho meses. Si el incendio alcanza una "especial gravedad", como cuando afecta a grandes extensiones, altera ecosistemas o se realiza con fines económicos, las penas pueden aumentar hasta los 6 años de cárcel y multas de hasta veinticuatro meses.

Incluso si el fuego no se propaga, prender fuego a montes o masas forestales puede conllevar entre seis meses y un año de prisión.

Más allá de las sanciones penales, la legislación española protege el territorio afectado por incendios forestales al prohibir la modificación del uso del suelo en las zonas afectadas durante un plazo de hasta treinta años. Esto busca preservar la recuperación ambiental y evitar que se aprovechen terrenos quemados para otros fines, especialmente urbanísticos.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LOS INCENDIOS?

Según la Fiscalía General del Estado, en 2023 fueron detenidas o investigadas 402 personas por incendios, lo que representa un descenso del 17% respecto al año anterior, uno de los peores años en registros históricos.

El informe señala que la mayoría de los incendios son causados por negligencias o accidentes (68%), mientras que los incendios intencionados suponen el 19%. A pesar de que los incendios provocados son menos frecuentes, su impacto y consecuencias son gravísimas, como se está evidenciando en la actual ola de fuegos