Cinco años después de aprobar el fondo de recuperación para hacer frente al impacto económico de la pandemia de covid-19, la Unión Europea solo ha ejecutado el 49 % del total, lo que deja a los Veintisiete poco más de un año -hasta el 31 de agosto de 2026- para utilizar la mitad restante del dinero aprobado en 2020.

Para acelerar la ejecución, Bruselas ha ofrecido a los países mayor flexibilidad para modificar o sustituir medidas que no vayan a cumplirse a tiempo, especialmente en el caso de las subvenciones. España, segunda mayor beneficiaria del fondo, está valorando estas opciones.

Desde que comenzaron los desembolsos en 2021, los países han recibido 317.500 millones de euros (206.000 millones en subvenciones y 111.170 millones en préstamos), lo que representa solo el 30 % de los objetivos pactados, según datos de la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario defiende en un reciente informe el impacto positivo del instrumento: ayudó a calmar a los mercados, mantener la inversión pública -que pasará del 3,2 % del PIB en 2019 al 3,8 % en 2025- y podría aumentar el PIB europeo hasta un 1,4 % en 2026.

Sin embargo, reconoce que la absorción ha sido más lenta de lo previsto por factores como:

• el volumen sin precedentes del fondo,
• la guerra en Ucrania,
• la consiguiente crisis energética,
• la revisión de planes para reducir la dependencia del gas ruso,
• y la complejidad administrativa de ejecución.

Bruselas, que descarta prolongar el fondo más allá de 2026, ha planteado a los países varias vías de flexibilidad para aprovechar lo máximo posible:

• ampliar inversiones exitosas,
• transferir fondos a otros programas como InvestEU o partidas de defensa,
• o fragmentar medidas para financiarse con otros fondos europeos como los de cohesión hasta 2027.

El vicepresidente comunitario de Cohesión y Reformas, Rafaelle Fitto, fue claro en su advertencia: "La Comisión urge a los Estados miembros a revisar sus planes y quedarse solo con las medidas que puedan implementarse antes de agosto de 2026".

En este contexto, España analiza cómo reorientar sus planes. Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "El objetivo es no dejar ni un euro sin ejecutar y tener disponibles los 84.000 millones en préstamos".

España ya ha recibido 47.960 millones en transferencias y 340 millones en préstamos, aunque esta cifra subirá al 44 % tras recibir los 23.000 millones del quinto desembolso, ya aprobado por Bruselas.

No todos ven con buenos ojos la flexibilidad. La economista Eulàlia Rubio, del Instituto Delors, advierte de que estas concesiones pueden llevar a que los fondos se "gasten de cualquier manera", lo que podría dañar la imagen del instrumento. Además, subraya que legalmente sí es posible una prórroga, aunque políticamente no haya voluntad.

Detrás de la negativa a extender el fondo, Rubio ve la presión de los países contribuyentes netos, que prefieren reducir la deuda que se emitirá si no se gasta todo el dinero comprometido.

Pese a las críticas y la lentitud en su implementación, la Comisión Europea ya ha anunciado que el modelo de vincular reformas e inversiones al uso de fondos será replicado en el próximo Marco Financiero Plurianual, a pesar de los reparos expresados por el Tribunal de Cuentas de la UE.