Leticia Sánchez del Río ha denunciado el "nuevo despropósito" que supone la celebración este viernes de la reunión constitutiva del Comité Provincial del PSOE de Ávila, máximo órgano de gobierno del partido entre congresos, a pesar de que la composición del mismo está impugnada ante la Comisión Ejecutiva Autonómica por entender que conculca los estatutos de la formación política.

El escrito de impugnación lleva fecha del pasado 13 de mayo y fue recibido por la Comisión Ejecutiva Autonómica, según acredita la prueba de entrega de Correos, con fecha del pasado 16 de mayo, es decir, hace más de un mes. En el escrito de impugnación presentado se solicita, de un lado, que se anule el acuerdo de la Ejecutiva referido a la elección de miembros del Comité Provincial por vulnerar los derechos de los afiliados de buena parte de las agrupaciones y, de otro, que la Ejecutiva, conforme a los estatutos, acuerde una asignación de delegados al Comité Provincial con criterios de proporcionalidad corregida en función del número de militantes que garanticen la presencia, al menos con un delegado, de las agrupaciones locales de la provincia que tengan derecho a ello.

La reclamación se presentó después de que la Ejecutiva Provincial, en su reunión del pasado 5 de mayo, acordara que se eligieran solo 15 miembros del Comité Provincial por parte de las asambleas locales cuando a éstas, según los estatutos, les correspondería elegir 60. Y ello porque la normativa del partido establece que un tercio de los integrantes será elegido por el Congreso Provincial, que eligió 30 el pasado 18 de diciembre, y los dos tercios restantes por las asambleas locales que, en este caso, aplicando una simple cuenta matemática, deberían nombrar a 60. Además, para la elección de los citados 15 delegados entre la treintena agrupaciones locales, la Ejecutiva concentró a 26 de éstas en 5 grupos, sin explicar los criterios seguidos para ello. "Detrás de esta maniobra hay una clara intencionalidad de la Ejecutiva de castigar a las agrupaciones críticas con su gestión y limitar los derechos de sus militantes, pues dicha concentración se ha realizado sin el criterio lógico de proximidad geográfica entre las agrupaciones", apuntan fuentes socialistas.

Otro de los motivos de la impugnación es que "se impide a las asambleas locales elegir y revocar a sus representantes en los órganos de ámbito superior, pues no se aclara cómo ha de elegirse el único delegado que corresponde a cada uno de los 5 grupos de agrupaciones locales antes citados, que concentran a 26 agrupaciones, de las cuales, la mayoría cuenta con capacidad estatutaria para convocar y celebrar sus propias asambleas locales y, por tanto, para elegir a su delegado al Comité Provincial". "Tampoco garantiza la Ejecutiva en su acuerdo que cada agrupación local cuente con, al menos, un delegado, restringiendo así los derechos de sus afiliados en relación con las competencias del Comité, entre otras: examinar la gestión de la Ejecutiva; exigir, en su caso, la responsabilidad política de la Ejecutiva; y garantizar que los modos de gestión de los cargos públicos se adecuen a los modos de gestión socialista", añaden.

El acuerdo adoptado por la Ejecutiva "contraviene igualmente los principios organizativos comunes de los estatutos, según los cuales, la participación de los afiliados es un principio de organización democrática y corresponsabilidad de los afiliados en la vida del partido, además de conculcar lo determinado para las agrupaciones, que las considera el primer espacio de participación orgánica de los militantes y el lugar de máxima expresión de sus derechos y deberes".

Por ello, la reclamación presentada ante la ejecutiva autonómica pide la suspensión del proceso de renovación de las asambleas locales hasta que no haya una resolución de la misma. A la vez, en el escrito presentado se recordaba a la ejecutiva autonómica el procedimiento judicial abierto en relación con las primarias y el conjunto del 15 Congreso Provincial del PSOE, puntualizando que la reclamación se hace sin reconocimiento alguno del resultado de ese proceso al entender que se permitió la votación fraudulenta de militantes en la Agrupación de La Moraña.