Una pareja de 36 y 44 años, en paradero desconocido desde hace meses, ha sido enviada a prisión provisional tras ser arrestada en el marco de una intervención relacionada con estafas inmobiliarias que habrían afectado a víctimas de más de treinta provincias, incluida Ávila, según ha informado la Guardia Civil a EFE.

Los detenidos acumulaban 62 señalamientos judiciales, entre ellos 41 órdenes de búsqueda y detención, además de varios requerimientos de ingreso en prisión. Los avisos procedían de juzgados de todo el país, desde Asturias, Málaga o Murcia hasta Girona, Barcelona, Cantabria o Pontevedra, entre otros territorios donde supuestamente habían operado.

Según recoge EFE la investigación ha permitido identificar 53 personas perjudicadas en provincias tan diversas como A Coruña, Cáceres, Guipúzcoa, La Rioja, Madrid, Navarra, Tenerife o Toledo, además de en la propia provincia abulense. Según los agentes, la pareja utilizaba documentación robada para suplantar identidades, lo que llevó a que algunas de sus víctimas recibieran notificaciones policiales sin saber que sus datos figuraban en contratos fraudulentos.

Los ahora encarcelados mantenían un estilo de vida prácticamente hermético, recurriendo solo a dinero en efectivo para evitar rastros y permaneciendo la mayor parte del tiempo dentro de su vivienda, con la intención —según la investigación— de dificultar su localización. Su actividad se destapó tras un anómalo incremento de denuncias sobre alquileres falsos, todas ellas vinculadas a retiradas de dinero en cajeros.

El método consistía en responder a anuncios de personas que buscaban vivienda, ofrecer inmuebles inexistentes a precios bajos y solicitar documentación personal para, después, enviar contratos manipulados y fotografías que correspondían a víctimas anteriores. El pago se exigía mediante códigos de extracción sin tarjeta, lo que permitía hacerse con el dinero de inmediato.

De acuerdo con las pesquisas, la pareja habría convertido este sistema en su principal fuente de ingresos desde 2015, aunque residían en Torrevieja desde 2022. Durante el registro domiciliario se incautaron 25 líneas telefónicas, varios dispositivos electrónicos, ropa supuestamente utilizada en los fraudes y pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes.

Tras su detención, ambos han sido puestos a disposición judicial y el juzgado de guardia ha decretado su ingreso en prisión. EFE