La entrada en vigor del tasazo de la Justicia, o la Ley 10/2012 de 20 de noviembre que regula determinadas tasas de la Justicia, aprobada por el Gobierno del PP a propuesta de su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, supone un nuevo retroceso en los derechos de los ciudadanos, y por tanto en el de los guardias civiles que han tenido, hasta ahora, en la justicia su única arma para alcanzar el mismo Estado de Bienestar y Derecho que el resto de la sociedad.

Por lo tanto, AUGC es contraria a este tasazo por considerar que no sólo es un nuevo recorte económico sino un recorte en toda regla al Estado de Bienestar que había logrado nuestra sociedad. AUGC se une así a las críticas que ya se han vertido desde todas organizaciones representativas del ámbito judicial, por su carácter nocivo y excluyente para la gran mayoría de los ciudadanos y por tratarse de una norma que no tiene precedentes en nuestra etapa democrática y constitucional.

Aunque a los guardias civiles, como al resto del ámbito de la función pública, está exenta de estas tasas la primera instancia en materias relativas al estatuto del empleado público, estos deberán estar representados siempre por abogado o procurador a partir de la entrada en vigor de esta Ley. En definitiva los guardias civiles quedaran indefensos puesto que no todos podrán hacer frente a estos gastos para defender sus intereses.

Por ejemplo, con la aplicación actualmente del RAI en la Agrupación de Tráfico, cualquier agente que quiera reclamar la pérdida de la productividad deberá contratar un abogado para reclamar una cantidad que no llegará a los 300€, por lo que al final terminará renunciando a reclamar lo que en justicia le corresponde porque el desembolso será superior al beneficio logrado. Y si bien es cierto que los guardias civiles que pertenecen a AUGC contaran con esa asistencia jurídica gratuita, esto no es óbice para que nuestra Organización se muestre contraria a esta Justicia para ricos que ahora pretende imponer el gobierno del Partido Popular.

Un encarecimiento de la Justicia que implicará que muchos de los problemas presentados en la Guardia Civil y cuya resolución se buscaba a través de la presentación de un recurso contencioso administrativo ahora deberá tratarse en foros y órganos de debate y negociación con la Administración. Una práctica en la que, desgraciadamente, esta Institución aún está empezando a andar, dando habitualmente, claras muestras de sus reticencias.