El movimiento vecinal de Piedrahíta ha levantado la voz de alarma ante lo que considera una grave crisis en la gestión y calidad del agua del municipio. A través de su plataforma ciudadana elmascaron.org, y basándose en datos del Registro Sanitario Estatal (SINAC) y documentación oficial, los vecinos denuncian hasta diez calificaciones de 'no apta' para el consumo, la ausencia de análisis y una falta de transparencia en la gestión del contrato del servicio.

Según las revelaciones del observatorio ciudadano, el SINAC recoge diez episodios donde el agua suministrada ha sido calificada como 'no apta'. El caso más reciente, que afecta al propio casco de Piedrahíta, data del pasado 16 de junio, según el registro consultado), donde se detectaron ácidos haloacéticos en 78 µg/L, superando el límite legal de 60 µg/L. Los vecinos subrayan que, ante cada calificación de 'no apta', la legislación vigente (RD 3/2023) exige actuaciones inmediatas como muestras de confirmación en 24 horas, comunicación a la autoridad sanitaria, valoración del riesgo y, cuando proceda, aviso a la población. "De los diez 'no apta' que constan, no aparece públicamente ni una sola de esas actuaciones obligatorias", afirman los afectados.

"A esta situación se suma la ausencia total de análisis de radiactividad en veinte años de registro, pese a que la norma lo prevé y la comarca, de naturaleza granítica, lo hace 'procedente'", apunta el movimiento vecinal, que también señala que el propio Anteproyecto n.º 2 del expediente de licitación reconoce que, en determinadas circunstancias, parte del caudal llega a los depósitos "sin haber recibido el tratamiento correspondiente", comprometiendo la calidad del agua.

La polémica se extiende a la gestión contractual. Los vecinos han iniciado una petición masiva para que el Ayuntamiento de Piedrahíta documente el contrato actual del agua, los acuerdos de prórroga que la Alcaldía asegura que existen, y las cuentas del canon de mejoras cobrado en los recibos, solicitando cuánto se ha recaudado y qué obras ha financiado. Esta petición surge en respuesta a las declaraciones municipales sobre la prórroga del contrato, que los vecinos piden se acrediten con la fecha, votación e informes correspondientes.

El movimiento refuta también las acusaciones de "falsedades" vertidas por la Alcaldía, asegurando que "cada dato publicado en elmascaron.org lleva su documento oficial al lado" y que aún esperan que se señale una sola afirmación incorrecta. Asimismo, explican que muchas de las alegaciones cruciales no pudieron presentarse en el plazo de exposición pública porque los hechos decisivos, como la calificación 'no apta' del agua del casco o el corte de suministro, fueron posteriores o desconocidos en aquel momento.

Propuesta ciudadana

Ante este panorama, el movimiento vecinal insiste en su propuesta para solucionar la crisis del agua en Piedrahíta: "Moratoria y contrato puente". Esto implica paralizar la licitación en curso, regularizar el servicio de forma transitoria y legal, realizar un diagnóstico público exhaustivo de la red y elaborar un plan del agua con participación ciudadana, tras la cual "decidir el modelo de los próximos diez años", explican, usando la analogía de "ordenar la casa antes de hipotecarla".

Los datos del observatorio ciudadano son contundentes: el municipio necesita 504.901 m³ de agua al año y solo tiene concedidos 276.828 m³. Además, la red presenta un rendimiento del 46,77%, lo que significa que más de la mitad del agua captada se pierde. A pesar de esto, el expediente de licitación admite no disponer ni del plano de la red actual ni del Plan Director, y aun así propone un compromiso de diez años con una subida de tarifas del 72,85% y una "inversión mínima" inicial de 112.000 euros.

Desde elmascaron.org, se envía un mensaje claro a las empresas interesadas en concurrir a la licitación: "quien valore concurrir debe conocer el terreno que pisa: un expediente que reconoce no disponer ni del plano de la red actual ni del Plan Director; solicitudes vecinales en curso sobre el título del servicio y la liquidación del canon de mejoras; un registro sanitario estatal con diez calificaciones 'no apta'; y un pueblo organizado que seguirá cada cifra, cada plazo y cada compromiso del contrato, línea a línea, durante toda su vigencia".