El Grupo Municipal Socialista de Piedrahíta ha salido al paso de las recientes declaraciones de la alcaldesa, María Carmen Zafra Fernández, sobre la continuidad del servicio de Aqualia, afirmando que la situación actual no es un problema nuevo ni una controversia generada por la oposición, sino la "consecuencia de años de inacción por parte del Ayuntamiento, que conocía la necesidad de regularizar la situación contractual desde 2016".

Según la documentación municipal a la que hace referencia el PSOE, el contrato original de Aqualia finalizó el 31 de diciembre de 2016. Si bien en el Pleno del 19 de enero de 2017 se acordó mantener la prestación del servicio por razones de continuidad, el secretario municipal ya informó en aquella misma sesión sobre la imperiosa necesidad de tramitar una nueva contratación, detallando las exigencias de licitación, plazos, publicidad y libre concurrencia.

A pesar de estas advertencias, "el problema persistió sin solución", apuntan desde filas socialistas. Las actas de enero de 2019 recogieron la propuesta de que la "próxima corporación" tratara el asunto, a lo que el entonces portavoz socialista, José Ángel Blázquez, ya respondió que "se lleva avisando hace mucho tiempo que el periodo se acababa". En octubre de 2022, ante una nueva pregunta del PSOE sobre las acciones tomadas, la respuesta municipal fue simplemente "seguir dando servicio a los vecinos".

Los socialistas denuncian que, para aclarar la situación legal, solicitaron el pasado 27 de agosto el acuerdo, decreto, resolución u orden que ampara actualmente la continuidad del servicio de Aqualia, especificando su fecha, duración y condiciones. La respuesta del Ayuntamiento, a través de una Resolución de Alcaldía, citó el artículo 288.a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, pero no identificó ni adjuntó el acto concreto solicitado.

El PSOE ha recurrido esta respuesta, argumentando que el contrato original fue adjudicado en 2011 y, por tanto, la Ley 9/2017 establece un régimen transitorio que remite a la normativa previa (Ley 30/2007) para materias como duración y prórrogas. La Ley 30/2007, según los socialistas, exigía que las prórrogas fueran acordadas expresamente por el órgano de contratación y excluía la prórroga por consentimiento tácito, lo que pondría en entredicho la legalidad de la continuidad actual.

Más inversiones

El Grupo Socialista considera que, aunque es necesaria una nueva licitación para dar seguridad y ordenar el servicio de cara al futuro, esta no puede presentarse como una solución que resuelva todo lo anterior ni que tape años de inacción. Para el PSOE, la situación actual es también resultado de haber dejado pasar el tiempo sin una solución definitiva, lo que ha provocado el deterioro de las infraestructuras de abastecimiento.

"La polémica no la ha creado el PSOE. Las actas demuestran que esta situación se conocía desde hace años", afirman los socialistas. Subrayan que el debate no debe reducirse únicamente a regularizar la relación contractual, sino que la nueva licitación debe ir acompañada de una "respuesta suficiente a las necesidades reales de la red y de las inversiones que Piedrahíta necesita". La regularización jurídica, concluyen, es imprescindible, pero no sustituye la obligación de afrontar el estado de unas infraestructuras que han llegado a la situación actual después de años sin una renovación suficiente.

El PSOE recalca que no cuestiona la necesidad de que el abastecimiento de agua continúe para los vecinos, pero sí la gestión, la falta de transparencia en la base jurídica del servicio y la omisión de abordar un problema que también afecta al estado general de la red hídrica del municipio.