La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha alzado la voz en defensa de la "independencia judicial", uno de los valores "que garantizan que la separación de poderes y el Estado de Derecho sean una realidad". En un discurso cargado de significado, pronunciado durante la clausura de las XXIV Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales, que han celebrado desde el pasado miércoles en Ávila, ha expresado su "absoluto respaldo" a los "grandes profesionales" de la carrera judicial, especialmente a aquellos que "se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada, ni de un Estado de derecho".

Estas contundentes declaraciones llegan en un momento sensible, tras las afirmaciones del ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, quien sugirió recientemente que "hay jueces que prevarican". Aunque Perelló no mencionó directamente al ministro, sus palabras resonaron como una respuesta directa a tales señalamientos.

"La democracia se cumple también cuando cualquier persona, cualquiera que sea su posición, pueda encontrar un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley", afirmó Perelló, subrayando que el mero hecho de haber recibido votos no legitima cualquier actuación de los representantes elegidos. La independencia de los jueces, insistió, es crucial para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La presidenta del Supremo defendió que los jueces ejercen su función con "plena autonomía de criterio" y deben ser protegidos de "presiones, de injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio". Citando jurisprudencia europea, recalcó que "no hay Estado de Derecho sin jueces independientes", y consideró que cualquier intento de injerencia en esta independencia, "proceda de donde proceda", supone una amenaza para los cimientos jurídicos y políticos de nuestra sociedad.

No obstante, Perelló matizó que esta defensa de la independencia no implica que los jueces deban ignorar la crítica constructiva. Si bien "todas las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de debate", advirtió de un "salto cualitativo cuando esta crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez", algo que considera "inadmisible". Argumentó que el sistema procesal cuenta con suficientes mecanismos para corregir errores en las resoluciones, las cuales son susceptibles de ser revisadas por jueces distintos a los que las dictaron.

Críticas y descalificaciones

La preocupación de la presidenta se centró en la tendencia actual de "graves críticas y graves descalificaciones a las instituciones garantes del Estado de Derecho, cuya legitimidad se pone en tela de juicio". Señaló que los jueces se convierten en objeto de ataques que cuestionan su legitimidad, independencia e incluso integridad profesional, debilitando así la autoridad de las instituciones y los principios democráticos.

En conclusión, Perelló hizo un llamamiento a la responsabilidad colectiva para garantizar el respeto a la independencia judicial, recordando que son los jueces imparciales quienes actúan como baluartes en la protección de los derechos constitucionales y humanos de todos los ciudadanos.