La Audiencia Provincial de Ávila ha dictado una sentencia condenatoria contra J.I.M.F., un individuo que deberá cumplir un total de 3 años de prisión tras ser declarado autor responsable de diversos delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental. La resolución, emitida 'in voce' por el presidente del tribunal, Javier García Encinar, se ha producido tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre todas las partes implicadas.

El modus operandi del condenado se centraba en la realización de pedidos fraudulentos. En uno de los casos, J.I.M.F. adquirió cuatro pedidos de bebidas alcohólicas a una empresa de la provincia de Ávila por un importe total de 8.584,63 euros, utilizando una identidad falsa para aparentar el pago.

Tras la conformidad, ha sido condenado a un año de prisión por este delito de estafa y a una multa de seis meses con una cuota diaria de 4 euros. En este sentido, se le ha aplicado la atenuante de "juego patológico" y "trastorno por consumo de sustancias de abuso", factores que afectaron su "capacidad volitiva". Además, deberá indemnizar a la empresa de licores con la totalidad de la cantidad defraudada.

La defensa del acusado solicitó la suspensión de esta pena, basándose en informes médicos y resoluciones judiciales, aunque la Fiscalía se mostró en desacuerdo al no acreditarse aún la "deshabituación" del condenado.

Segundo juicio

En un segundo juicio, celebrado poco después, J.I.M.F. fue condenado a dos años de cárcel por delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental. En este caso, había reservado una casa rural en la provincia abulense durante diez días en agosto de 2023, sin realizar el pago correspondiente, que ascendía a 2.500 euros. Adicionalmente, para ocultar su verdadera identidad, se hizo pasar por otra persona. Como resultado, deberá abonar los 2.500 euros al propietario de la casa rural y otros 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios morales ocasionados a la persona cuya identidad suplantó.

Las penas finales, fruto del acuerdo de conformidad, suponen una considerable rebaja respecto a las peticiones iniciales de la Fiscalía, que en uno de los casos solicitaba 4 años de cárcel y en el otro entre 3 y 5 años. La acusación particular, por su parte, llegaba a pedir 5 años de prisión.

El condenado, que actualmente se encuentra en prisión por otros casos y acudió a la Audiencia Provincial esposado, ha mostrado su conformidad con el acuerdo alcanzado. Además de las penas de prisión y las multas, J.I.M.F. también deberá hacer frente al pago de las costas procesales.