El próximo miércoles 3 de junio, la Audiencia Provincial de Ávila acogerá dos juicios consecutivos contra un mismo acusado, identificado como J.I.M.F., quien se enfrenta a una petición fiscal global de más de siete años de cárcel. El Ministerio Público le atribuye la presunta responsabilidad en varios delitos de estafa y falsedad documental, ligados a la compra fraudulenta de bebidas alcohólicas y al impago de una estancia en un alojamiento rural, todo ello supuestamente perpetrado utilizando identidades ficticias.

La jornada judicial comenzará a las 10 horas con la vista oral correspondiente a un presunto delito de estafa. La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para J.I.M.F., a quien acusa de haber realizado cuatro pedidos de bebidas alcohólicas a un almacén de la provincia por un importe total de 8.584,63 euros. Según el escrito de acusación, el acusado, que cuenta con antecedentes penales, habría utilizado una identidad falsa y remitido justificantes de transferencias bancarias falsificadas para conseguir que la mercancía le fuera entregada sin haber realizado el pago efectivo. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado asuma las costas procesales y pague la cantidad defraudada en concepto de responsabilidad civil a la empresa perjudicada. La defensa, por su parte, se ha mostrado disconforme con los hechos imputados, negando rotundamente la autoría y el delito de estafa.

A continuación, a las 11'15 horas, se celebrará el segundo juicio. En este caso, la acusación se centra en el alquiler de una casa rural en la provincia abulense. El Ministerio Público solicita una pena de 3 años y 5 meses de prisión por un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental, con la agravante de multirreincidencia. Se le imputa haberse hospedado durante diez días en un alojamiento rural sin abonar los 2.500 euros correspondientes a la factura.

La fiscalía detalla que el acusado ocultó su verdadera identidad, identificándose como "E.R.", y presentó al propietario un impreso de transferencia bancaria presuntamente falsificado para simular el pago. El Ministerio Fiscal sostiene que dicho documento fue creado para engañar y obtener el hospedaje de forma fraudulenta. En este segundo procedimiento, se solicita, además de la pena de prisión, una multa de 14 meses con una cuota diaria de 8 euros, así como el pago de las costas y una indemnización de 2.500 euros para la empresa gestora del alojamiento.

Acusación particular

En este segundo caso, la empresa gestora de la casa rural ha presentado su propia acusación particular, solicitando dos años de prisión por usurpación de estado civil, otros dos años por estafa y un año adicional por falsificación de documento privado. Adicionalmente, reclama la indemnización de 2.500 euros. La defensa, en contraposición, discrepa "totalmente" de las acusaciones y solicita la libre absolución para su cliente.

La acumulación de estos dos juicios en un mismo día pone de manifiesto la gravedad de los delitos que se le imputan a J.I.M.F., quien deberá responder ante la justicia abulense por presuntos actos delictivos que suman un perjuicio económico superior a los 11.000 euros.