La sede de la Diputación de Valencia acogió este lunes una crucial reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Al frente de la reivindicación por un sistema de financiación local más equitativo se encontraba Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila, quien, junto a sus homólogos de toda España, alzó la voz para demandar "una reforma real de la financiación local, el reconocimiento del coste real de los servicios públicos, así como el refuerzo efectivo de la autonomía local".

García fue contundente al afirmar que "la igualdad de los ciudadanos no se garantiza con discursos, sino con recursos". Subrayó la precaria situación de los municipios españoles, que "están sosteniendo España sin una financiación justa y sin Presupuestos Generales del Estado desde 2023", una situación que tiene "consecuencias reales en vidas reales y en lugares concretos". El presidente abulense lamentó que, tanto en su provincia como en muchas otras, "algunos servicios no se pueden prestar, no porque los vecinos no lo requieran, sino porque el sistema de financiación local es insuficiente".

Ante esta urgencia, la Diputación de Ávila insta al Gobierno de España a "actualizar, de manera urgente, las entregas a cuenta a las entidades locales, que permanecen congeladas". Asimismo, se aboga por una revisión del uso de los remanentes y superávits, permitiendo su aplicación en su totalidad sin que computen en la regla de gasto. La financiación justa para las entidades locales es vista como "imprescindible para garantizar la igualdad de los ciudadanos, por lo que se trata de una cuestión que no admite más retrasos".

La reunión puso de relieve las dificultades que afronta el municipalismo rural, que debe asumir la prestación de servicios con presupuestos estancados desde hace una década. Territorios como Ávila, que experimentan un considerable aumento de población estival similar al de zonas costeras, se enfrentan a un disparo de los costes de servicios como limpieza o seguridad, cuyos cálculos se basan aún en la población empadronada en enero. Esta disparidad genera situaciones críticas: "Hay alcaldes en este país que piden créditos para pagar nóminas y que renuncian a proyectos de futuro porque tienen que tapar los agujeros del presente", señaló García.

El presidente de la Diputación de Ávila defendió el papel fundamental de estas instituciones, que "no somos una administración de segundo orden, sino una garantía de cohesión territorial". Son las diputaciones, insistió, quienes "evitan que haya municipios de primera y de segunda o garantizan que un pueblo de 300 habitantes tenga los mismos derechos que una gran ciudad".

Realidad de las Diputaciones

Además de las reivindicaciones financieras, la comisión abordó la necesidad de adaptar la normativa estatal a la realidad del trabajo de las diputaciones provinciales. Se ha elevado una propuesta de modificación de la Ley de Bases del Régimen Local para incluir una regulación expresa de la colaboración de las diputaciones con los ayuntamientos en la gestión y mejora técnica de expedientes municipales sujetos a informes sectoriales. Carlos García destacó que esta medida "supone llevar a la Ley lo que ya forma parte de nuestra actividad, como el apoyo que realiza nuestro Servicio de Asistencia a Municipios a todos los ayuntamientos", incrementando así la seguridad jurídica de las entidades locales.

Otra de las propuestas clave es la modificación de la Ley de Haciendas Locales para permitir la creación y gestión de fondos sin personalidad jurídica de naturaleza presupuestaria por parte de las diputaciones. Esta herramienta facilitaría la gestión de proyectos que reciben financiación de diversas administraciones y sectores.

Finalmente, el presidente de la Diputación abulense reiteró la urgencia de que el Gobierno de España tramite "de una vez por todas" el Estatuto Básico del Pequeño Municipio. Este texto, aún pendiente de aprobación, se considera esencial para adecuar la actividad administrativa a la vida diaria de la gran mayoría de ayuntamientos de la provincia de Ávila y del país. La jornada de la FEMP ha servido, sin duda, para poner de manifiesto la imperiosa necesidad de escuchar y atender las demandas del municipalismo para garantizar la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos.