Izquierda Unida Ávila ha expresado públicamente su firme apoyo a la nueva medida de regularización de personas inmigrantes, calificándola como un reconocimiento fundamental para la dignidad de los vecinos y vecinas de la localidad y del país. Esta iniciativa, según argumenta la formación política, tiene el potencial de mitigar situaciones de discriminación y abusos, garantizando derechos básicos como el acceso a empleos dignos, viviendas habitables y servicios públicos.

La postura de la formación de izquierdas se alinea con las declaraciones de la Conferencia Episcopal Española, que también ha destacado el papel de esta medida para disminuir el número de personas inmigrantes en riesgo de exclusión social. Se recalca la importancia de humanizar el debate migratorio, recordando que detrás de las cifras hay individuos que sufren diariamente las consecuencias de su estatus irregular, pero que, al mismo tiempo, ya están contribuyendo activamente al crecimiento demográfico, económico y cultural de España.

Los datos avalan esta perspectiva. Según el 'Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas' del Consejo Económico y Social (CES), ocho de cada diez personas llegadas a nuestro país se han incorporado a la población activa a lo largo de este siglo. Esta inserción laboral no solo enriquece el tejido social, sino que también tiene un impacto directo en la economía.

Eduardo Abad, presidente de la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), ha señalado de manera contundente que sin la aportación de los autónomos extranjeros, el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) estaría en retroceso, y la Seguridad Social atravesaría una situación significativamente más comprometida.

Los registros más recientes confirman esta tendencia de aportación. El cierre del año 2025 marcó un hito histórico con más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, representando el 14,1% del total de cotizantes y demostrando un crecimiento sostenido, especialmente en sectores clave y en el ámbito del trabajo autónomo. Estas afiliaciones se concentran mayoritariamente en áreas como la agricultura, la hostelería, la construcción y los servicios de cuidados, sectores que tradicionalmente experimentan dificultades para cubrir su demanda de mano de obra con la población nacional.

Efecto llamada

Frente a los argumentos de algunos sectores políticos, IU desmiente rotundamente la existencia del llamado 'efecto llamada'. Se subraya que la medida cuenta con un marco temporal fijo y claro, con una fecha de corte definida en el 31 de diciembre de 2025 y un plazo cerrado para la presentación de solicitudes. Esta especificidad temporal limita la posibilidad de que la regularización incentive nuevas llegadas de forma indiscriminada.

Asimismo, se aclara que esta iniciativa no tiene fines electorales. Si bien las personas regularizadas obtendrán un estatus legal, no se les concederá la nacionalidad, lo que significa que no podrán votar en ninguna de las próximas citas electorales: ni autonómicas, ni generales, ni municipales previstas para 2027.