La organización agraria ASAJA de Ávila ha lanzado una seria advertencia sobre el alarmante estado de abandono del cableado telefónico en numerosas zonas rurales de la provincia abulense. Esta situación, según denuncian, está siendo aprovechada por bandas organizadas dedicadas al robo de cobre, generando graves perjuicios para los agricultores locales.

Según ASAJA, estas redes de delincuentes están cortando tramos de tendido telefónico en áreas rurales, dejando cables destensados y postes caídos. Este modus operandi no solo daña las infraestructuras de comunicación, sino que también obstaculiza las labores agrícolas al bloquear accesos, caminos y zonas de cultivo con cables colgantes y postes tirados.

La organización agraria destaca que, solo en 2024, se han denunciado 428 robos de cableado en Castilla y León, reflejando un preocupante aumento del 87% a nivel nacional desde 2019, alcanzando los 4.433 casos.

Ante esta situación, ASAJA Ávila exige a Telefónica que asuma de inmediato su responsabilidad en el mantenimiento, vigilancia y reposición de la red telefónica rural. Además, reclaman una coordinación efectiva con las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de estas infraestructuras vulnerables. En caso de inacción, solicitan que se autorice a los agricultores a retirar por su cuenta los cables y postes abandonados que obstaculizan sus parcelas.

Adicionalmente, la organización agraria demanda una acción decidida por parte de las administraciones Central y Autonómica, instando a reforzar la presencia de la Guardia Civil en áreas rurales mediante patrullas regulares; activar medidas del Plan Nacional contra el robo de cobre y facilitar canales de denuncia ciudadana directa; y desarrollar protocolos de atención rápida para restablecer los tendidos afectados y minimizar el impacto en la actividad agrícola.

ASAJA enfatiza que la situación actual pone en riesgo no solo el servicio de comunicaciones en el medio rural, sino también la seguridad y productividad de las explotaciones agrícolas. Por ello, insta a todas las partes implicadas a tomar medidas inmediatas, buscar soluciones coordinadas y garantizar que los agricultores no sean quienes paguen las consecuencias de estos actos vandálicos.