La sanción que impuso el último Director socialista a Alberto Moya, se enmarcó dentro de una cadena de expedientes contra los dirigentes de AUGC. En concreto, a nuestro Secretario General, era el cuarto expediente que se le incoaba, con un claro objetivo de quitarlo del medio. Todos y cada uno de ellos lo han sido por hacer uso de la libertad de expresión, y posteriormente los órganos judiciales siempre han sabido enmendar, dándonos machaconamente la razón una y otra vez. Este fue el perfil del ex Director General de la Guardia Civil, que quiso ser tan de izquierda que llegó a la derecha. Y en esa derecha rancia y trasnochada se encontró siempre cómoda.

La sanción impuesta a Alberto Moya fue claramente política, motivada por la impotencia que les generaba la manifestación convocada frente a la Dirección General por AUGC y UO al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a su “adlátere” Velázquez. Impotencia porque a pesar de haber utilizado todos los resortes institucionales para impedir la manifestación de guardias civiles (recordemos que Delegación de Gobierno la desautorizó) la Justicia, una vez más, reconoció el derecho de los trabajadores de la benemérita a poder manifestarse en libertad.

Un expediente que, como al final se ha demostrado, fue “fruto de la pataleta de un político mal criado dispuesto a impedir por todos los medios que se le llevara la contraria. Una pataleta que no midió las consecuencias personales que su decisión política tendría, no sólo en un trabajador, sino en la familia de éste a la que obligo a abandonar su lugar habitual de residencia”.

Además la decisión política de intentar impedir la manifestación de septiembre de 2010 trajo también otras consecuencias que ni Rubalcaba ni Velázquez supieron calibrar porque con ella provocaron tal nivel de crispación en la institución, que el 18 de septiembre se produjo la mayor manifestación de guardias civiles que han presenciado los ciudadanos, y que acabó a las mismas puertas de los órganos centrales de la Guardia Civil, en Madrid, con la asistencia de más de veinte mil agentes.

El expediente a Alberto Moya, fue uno más de los instigados desde la Dirección General contra los cargos dirigentes de AUGC. En total 25 compañeros fueron expedientados disciplinariamente por aquellas fechas, en un intento vano de atacar a las personas de manera individual para con ello menoscabar su voluntad asociativa. Y visto que eso no era suficiente se les aplicó a los entonces máximos responsables de AUGC, la pérdida de sus destinos profesionales -Alberto Moya y José Antonio Agudo- a sabiendas que este destierro acarrearía, también el de sus familias, y así infligir, si cabía, aún mayor castigo.

“Todo daba igual, hasta usar la potestad sancionadora de forma irregular, con tal de amedrentar a los guardias civiles que habían optado por ser los portavoces de lo que la mayoría de ellos piensan”.