CCOO de Ávila ha levantado la voz ante lo que considera un "juego político" en torno a los peajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que lastran el desarrollo y el futuro de la provincia abulense. La última Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León ha sido el detonante de esta crítica, al advertir el sindicato un "cambio de guion" por parte del PP.

Según el sindicato, el Partido Popular ha pasado de un compromiso previo de bonificar los peajes a los abulenses desde la Junta de Castilla y León, a trasladar ahora esta posibilidad al Gobierno de España a través de la PNL. Esta estrategia es duramente censurada por CCOO, que subraya la gravedad del asunto para la provincia. "Los peajes afectan al desarrollo económico de la provincia y dificultan la creación de empleo. Por tanto, es un asunto lo suficientemente serio como para jugar con el presente y el futuro de la provincia, como se viene haciendo desde hace décadas", afirman.

El sindicato recuerda que, en un contexto preelectoral el pasado año, tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento de Ávila aprobaron propuestas para la "supresión de los peajes de la AP-6 y AP-51 que gravan nuestras comunicaciones, especialmente aquellos que condicionan negativamente y lastran la movilidad de ciudadanos y empresas".

En este sentido, y ante un nuevo contexto preelectoral, CCOO insiste en que el objetivo último y no negociable debe ser la eliminación definitiva de estos peajes en 2029. Para el sindicato, es crucial dejar de "jugar con los abulenses prometiendo primero bonificaciones desde la Junta y lanzando después esta posibilidad al Gobierno de España".

Seriedad y rigor

Ante esta situación, CCOO exige mayor seriedad y rigor a todos los partidos políticos, especialmente a aquellos con responsabilidades de gobierno tanto en Castilla y León como en España.

La organización sindical pide que los peajes de las autopistas desaparezcan, que la gestión de las mismas se revierta al Estado en 2029 y, de esta forma, se cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que ya se emitió en 2010 a este respecto.