Hay una forma de hacer política que consiste en señalar al más débil cuando no se quiere hablar de lo que de verdad falla. Eso es lo que llevan meses haciendo el Partido Popular y la cúpula de la patronal con el llamado "problema del absentismo laboral". Alberto Núñez Feijóo lo llamó "un cáncer que no podemos pagar" y cifró su coste en más de 30.000 millones de euros. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, reclama que sea la Seguridad Social quien pague desde el primer día las bajas médicas y las sustituciones, para "aliviar" a las empresas.

La derecha y la patronal no se hacen la pregunta clave: por qué hay más bajas laborales. De hecho, no quieren hacérsela porque prefieren hacer creer a la gente que existe una suerte de vagos y vagas, a los que deben vigilar sus compañeros y compañeras, porque, de lo contrario, sufrirán una sobrecarga de trabajo durante las bajas médicas de sus compañeros y compañeras.

Pero vayamos a lo que, de forma miserable, se calla la CEOE. El trabajo que está robando a la gente trabajadora. Según la EPA, en el primer trimestre de 2026 se realizaron en España una media de 5,89 millones de horas extraordinarias semanales, de las cuales 2,5 millones (el 42% del total) no se retribuyeron ni se cotizaron. Se calcula que en 2025 más de 440.000 trabajadores hicieron cada semana horas extra sin cobrar un euro, con un coste laboral no abonado de 3.243 millones anuales ('ahorro'-robo de las empresas). Y que con todas esas horas extra trabajadas se dejaron de crear 62.000 empleos a jornada completa y se le robaron 775 millones de euros a la Seguridad Social.

Es decir, los empresarios que acusas de 'absentismo laboral' a la gente trabajadora que está de baja médica o disfrutando de sus permisos por cuidados o conciliación, son los mismos que están robando a sus plantillas y a la Seguridad Social, 'ahorrándose' salarios y cotizaciones. Por cierto, ese fraude generalizado explica por qué el registro horario, la herramienta que debería frenar el robo a los trabajadores, sigue sin aplicarse. La CEOE ha sido uno de los actores clave en el retraso de la aplicación de la norma, de forma persistente, junto a PP, Vox y Junts.

Por otro lado, la CEOE calla también ante el creciente problema de la salud mental entre las personas trabajadoras. Ya es la primera causa de baja no traumática en España, con más de 600.000 procesos abiertos por ansiedad, depresión y otros trastornos. Una cifra que se ha duplicado en menos de una década. Entre tanto, el 40% de las empresas no tiene un plan de acción y de evaluación de riesgos psicosociales, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Trabajo (INSST).

Es decir, la CEOE representa a los empresarios de un país que no cumplen con sus obligaciones mientras exigen a sus plantillas jornadas de trabajo cada vez más intensas para robarles las horas extraordinarias. Y aún, así, se atreven a criminalizar a las personas trabajadoras que están de baja médica.

Hay un tercer elemento que la derecha política omite y sobre el que la CEOE no dice nada, que es el deterioro de la sanidad pública. Las dificultades de acceso al médico de cabecera, las listas de espera para revisiones y pruebas diagnóstica, y el debilitamiento de la atención primaria alargan los procesos de baja médica que, con un sistema sanitario público mejor dotado, podrían resolverse mucho antes.

Conviene recordar que las competencias de salud y sanidad pública recaen sobre las Comunidades Autónomas y que la mayoría de ellas están gobernadas por el Partido Popular y, en algunos casos, junto con Vox. Los mismos que acusan a las personas trabajadoras de 'absentismo laboral' no cumplen con sus responsabilidades de gobierno y de gestión, y además, nunca exigen a la CEOE que desbloquee las negociaciones de los convenios colectivos para corregir los salarios bajos, las horas impagadas, o mejorar las condiciones de trabajo en las empresas.

Riesgos laborales

Pero lo más incómodo para la patronal es el incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de ello tampoco quiere hablar. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son, en buena medida, el resultado de plantillas insuficientes, ritmos de producción exigidos sin control efectivo, y una Inspección de Trabajo que, pese a haber intensificado su actividad, sigue sin medios suficientes para vigilar a cientos de miles de empresas que incumplen sus obligaciones.

Hay un 14% de empresas españolas que no cuentan con un adecuado Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y las que lo tienen, o no lo cumplen o no invierten lo suficiente en él. Algo que serviría para reducir el coste que acaba pagando el trabajador en forma de baja médica hasta su recuperación. Todo esto sin olvidar a hay empresarios que son capaces de admitir, sin ningún rubor, que les es más barato prescindir de un trabajador enfermo o sustituirlo, que invertir en prevención de riesgos laborales y cumplir con la ley.

Ante esta realidad de trabajo gratuito y sistemático, salud mental desatendida, sanidad pública debilitada, y prevención de riesgos laborales incumplida; la respuesta debe ser exigir más inspección de trabajo, mejorar la sanidad pública aumentando plantillas sanitarias, registrar los horarios de trabajo para evitar horas extra, pagar las que se realicen, y cumplir con la ley.

Sin embargo, la respuesta miserable de la CEOE es pedir que las mutuas privadas, controladas por las propias empresas, puedan dar el alta médica; recuperar el despido por baja médica; y que sea el conjunto de la ciudadanía, vía Seguridad Social, quien asuma el coste de un modelo laboral que ellos mismos han construido a fuerza de precariedad y de jornadas que se alargan sin compensación.

No poner solución a la explotación del tiempo de trabajo, el abandono de la salud mental, el desmantelamiento silencioso de la sanidad pública y la relajación en materia de prevención; mientras la CEOE y las derechas se dedican a criminalizar a las personas trabajadoras, nos lleva, irremediablemente, a un escenario de conflicto.