La Audiencia Provincial de Ávila ha sido escenario este miércoles de un juicio en el que la Fiscalía ha mantenido firme su petición de nueve años de prisión para un acusado de un presunto delito de agresión sexual.

Los hechos, que tuvieron lugar en la madrugada del 14 de junio de 2024 en un parque de San Antonio de la capital abulense, han sido analizados minuciosamente, poniendo de manifiesto la importancia de la declaración de la víctima, cuya "uniformidad" y "coherencia" han sido destacadas por el Ministerio Público desde el momento en que ocurrieron los hechos.

Uno de los aspectos más notables del juicio ha sido la decisión de la propia víctima de renunciar a la indemnización de 10.000 euros que la Fiscalía había solicitado en concepto de responsabilidad civil. En un gesto que subraya su búsqueda de justicia, la joven ha manifestado expresamente durante la vista oral que su único objetivo es que "se haga justicia".

Según la versión de la Fiscalía, los hechos se desencadenaron alrededor de las 3 de la madrugada. La víctima, que no conocía previamente al acusado ni a su acompañante, se encontraba sentada en un banco, indispuesta tras haber consumido bebidas alcohólicas durante las fiestas del barrio de San Antonio. Fueron el acusado y su amigo quienes se ofrecieron a acompañarla a un lugar para orinar, sin que ella, según su testimonio, apreciara "mala intención" en su ofrecimiento.

Sin embargo, al finalizar esta acción, la víctima relató cómo el acusado, de manera "sorpresiva", le introdujo los dedos en la vagina durante un periodo de tiempo estimado entre 40 segundos y un minuto. Ante esta situación que le generó "incomodidad", se retiró al banco e intentó contactar con una amiga. Posteriormente, al reencontrarse con su grupo de amigos, rompió a llorar y les contó lo sucedido, lo que llevó a uno de ellos a alertar a una patrulla de la Policía Local de Ávila.

Petición absolución

La defensa del acusado, identificado como E.E.R.M., ha mantenido su inocencia en todo momento, reclamando la absolución y amparándose en el principio de presunción de inocencia. Su abogado ha argumentado la inexistencia de "prueba objetiva" del delito, señalando que los hechos ocurrieron sin testigos presenciales directos de la supuesta agresión. El acusado, por su parte, ha negado la agresión, afirmando que su única intervención fue "acompañarla" y "ayudarla" a orinar.

Los testimonios de varios agentes de la Policía Local y Nacional que acudieron al lugar de los hechos han sido determinantes. Si bien corroboraron que la víctima había bebido, destacaron su capacidad para hablar de manera "coherente" y su estado de "nerviosismo" y llanto. Los agentes la acompañaron al hospital y confirmaron su relato. Un perito también ha dado credibilidad a la versión de la víctima, basándose en su "madurez", la "coherencia" de su relato y la "falta de motivación secundaria".

La Fiscalía, en sus conclusiones finales, ha solicitado, además de la pena de prisión, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años, así como ocho años de libertad vigilada y una inhabilitación profesional de cinco años más que la pena de prisión.

La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Ávila, que deberá sopesar las pruebas presentadas y los argumentos de ambas partes.