El candidato de VOX a las Cortes de Castilla y León, José Antonio Palomo, ha puesto sobre la mesa una de las propuestas más contundentes de su campaña electoral: la implantación de la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas sociales y servicios públicos de la comunidad autónoma. Esta medida, según Palomo, es una respuesta directa a lo que su formación considera las "consecuencias de años de políticas de efecto llamada promovidas por el bipartidismo", refiriéndose a las gestiones de los partidos populares y socialistas.

Desde la perspectiva de VOX, las políticas migratorias impulsadas por gobiernos anteriores han propiciado "una inmigración, a menudo ilegal y masiva", que, según el partido, compromete seriamente la sostenibilidad de los servicios públicos, la seguridad en pueblos y barrios, y la preservación de la identidad y tradiciones españolas. "El mensaje debe ser claro: a nuestra Nación solo se puede venir de forma legal, ordenada y con voluntad real de integración", ha declarado Palomo, haciendo hincapié en que aquellos que accedan al país de manera irregular, cometan delitos o intenten vivir del esfuerzo ajeno, deben ser expulsados de forma inmediata.

El candidato ha descrito un panorama "especialmente preocupante" en Castilla y León, marcado por un aumento de la criminalidad, precios de vivienda desorbitados, saturación de los servicios públicos y niveles de pobreza y exclusión social "sin precedentes". En este contexto, Palomo considera "imprescindible garantizar que los españoles y los inmigrantes legales que lleven años cotizando tengan prioridad en el acceso a las ayudas sociales".

Para respaldar su postura, el representante de VOX ha presentado datos que, a su juicio, evidencian la situación. Señala que el 17% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en Castilla y León son extranjeros, a pesar de que estos solo representan el 8,8% de la población regional. Asimismo, ha alertado sobre un incremento del 41% en la tasa de paro de extranjeros en 2025. Un punto especialmente sensible para el partido es el gasto destinado a la atención de menores extranjeros no acompañados (MENAS), cifrado en 18,5 millones de euros para 2024 en Castilla y León, lo que se traduce en aproximadamente 3.000 euros mensuales por menor. Palomo compara esta cifra desfavorablemente con la inversión en otros sectores como residencias para personas con discapacidad o el gasto educativo por alumno.

VOX rechaza la inmigración masiva como solución a la crisis demográfica que, según argumentan, enfrenta la región. Proponen, en su lugar, políticas enfocadas en el apoyo a las familias, el fomento de la natalidad y la reindustrialización de Castilla y León. El objetivo es crear un entorno en el que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en su tierra sin verse obligados a emigrar.

Medidas

Las medidas concretas anunciadas por la formación de derechas incluyen la implementación de la prioridad nacional en ayudas y servicios, la repatriación de inmigrantes ilegales, la deportación de extranjeros que cometan delitos o impongan prácticas ajenas a los valores españoles, y la vinculación de cualquier ayuda social a la residencia legal para evitar fraudes. Además, VOX se opone firmemente a la apertura de nuevos centros de acogida para inmigrantes ilegales o MENAS en la región.

Palomo concluyó reiterando el compromiso de su formación con un lema claro: "En VOX lo tenemos claro: los españoles siempre primero. No pararemos hasta que la prioridad nacional sea una realidad en todas las políticas públicas".