Tercera sentencia con pena de cárcel por un delito de agresión sexual a un menor en lo que va de semana. La Audiencia Provincial de Ávila ha dictado una sentencia de 10 años de prisión para G.C.C., declarado culpable de un delito de agresión sexual contra la hija de su pareja, quien tenía 10 años en el momento de los hechos. La condena se produce tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa durante el juicio celebrado este miércoles.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena mayor, pero accedió a reducirla en cinco años. Un punto crucial en el juicio ha sido la renuncia de la madre de la menor a la indemnización de 20.000 euros que solicitaba la fiscalía en concepto de responsabilidad civil. Esta decisión fue tomada de forma expresa durante la vista oral, tras ser informada de sus implicaciones por el presidente de la Audiencia, Javier García Encinar.

Los hechos juzgados ocurrieron en agosto de 2024 en la vivienda que compartía el acusado con su pareja y la hija de esta en Ávila. Mientras la pareja compartía un dormitorio, la menor dormía en otra habitación, junto con una prima de la madre.

"Como quiera que la madre abandonaba el domicilio diariamente sobre las 4 de la mañana para entrar a trabajar, la niña aprovechaba tales ausencias de la madre para trasladarse a la cama del procesado, quien ejercía, en el núcleo familiar, las funciones de padre respecto de la menor", señalaba el escrito de acusación.

Según la acusación, G.C.C. se aprovechó de su posición de superioridad y convivencia para cometer la agresión sexual a la menor.

Cumplimiento condena

Además de la pena de prisión, la sentencia prohíbe a G.C.C. acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante un período de 10 años posterior a la condena. También se le impone una medida de libertad vigilada de 10 años tras cumplir la pena de cárcel, así como la inhabilitación para trabajar con menores durante 15 años adicionales a la pena de prisión.

La defensa ha solicitado que el acusado cumpla los primeros cuatro años de la condena en España y los seis restantes en Perú, su país de origen. Esta petición está pendiente de resolución por parte del tribunal.