El próximo 27 de septiembre a las 12:00 horas en Madrid, más de 50 asociaciones y plataformas vecinales procedentes de distintos puntos de España se darán cita en una concentración para exigir la paralización de los proyectos de macro-plantas de biogás y biometano, unas infraestructuras que, según denuncian, ponen en riesgo a los pueblos, la salud pública y los recursos naturales.

Aunque se presentan como proyectos de "energía verde", los colectivos advierten de que estas plantas utilizan residuos altamente contaminantes como purines de macrogranjas, lodos de depuradora, cadáveres de animales, subproductos de matadero, alperujos y desechos industriales. El proceso genera un digestato que, lejos de ser un fertilizante seguro, contiene metales pesados, bacterias resistentes y nitratos que terminan dispersándose en los campos, filtrándose en los acuíferos y entrando finalmente en la cadena alimentaria.

Lejos de resolver el problema de los residuos, estas instalaciones lo agravan, ya que provocan más contaminación, más emisiones y mayores riesgos sanitarios.

Uno de los puntos más criticados es la ausencia de una regulación estatal clara. En España no existe ni una ordenación territorial ni una normativa específica que limite la instalación de estas plantas, lo que permite que un mismo municipio pueda albergar varias sin evaluar los efectos acumulativos.

Los colectivos denuncian, además, que las administraciones están favoreciendo a empresas privadas al declarar estos proyectos de "interés público", un mecanismo que facilita saltarse inspecciones, trámites de participación ciudadana e impuestos. La falta de transparencia es otro de los aspectos señalados: en algunos pueblos se ha impedido a los vecinos incluso acceder al expediente completo de la planta, y en varias comunidades autónomas se exige a quienes presentan alegaciones que justifiquen su condición de "interesados", pese a tratarse de procesos de exposición pública.

La coordinadora Stop Biogás España advierte de que la implantación masiva de macro-plantas podría desembocar en un desastre ambiental comparable a los grandes incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en los últimos veranos. A su juicio, se trata de un modelo energético "impuesto desde arriba" que amenaza con generar contaminación de acuíferos, pérdida de fertilidad en los suelos y despoblación rural.

Frente a ello, la plataforma insiste en la necesidad de actuar antes de que los daños sean irreversibles y recuerda que lo que está en juego es el agua potable libre de contaminantes, la tierra fértil para producir alimentos de calidad, el aire limpio para las próximas generaciones y un modelo energético descentralizado, justo y sostenible.