La Audiencia Provincial de Valladolid acogió este lunes el inicio del macrojuicio de la denominada 'trama eólica', considerado uno de los mayores casos de corrupción en Castilla y León, en el que se juzga a 14 personas —entre ellas tres exaltos cargos de la Junta y once empresarios— acusados de urdir un sistema irregular de concesión de licencias de parques eólicos. La Fiscalía Anticorrupción reclama para todos ellos un total de 138 años de prisión.

La vista oral arrancó con las cuestiones previas planteadas por las defensas, que centraron sus alegatos en la prescripción de los delitos y en la supuesta nulidad del informe de la Inspección de Hacienda que destapó la trama, al que calificaron de "ilegal" por las irregularidades cometidas en su elaboración. El exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, señalado como presunto cabecilla, es el principal acusado y afronta una petición de 42 años de cárcel y 239 millones de euros en multas. En enero de este mismo año ya fue condenado a dos años y medio por el 'caso Perla Negra'.

Otros de los acusados son el empresario Alberto Esgueva, para quien se reclaman 12 años de prisión y 68 millones en sanciones, su hermano Francisco Esgueva, el exdirector de Deportes de la Junta Andrés Martín de Paz, así como varios responsables de compañías vinculadas al sector eólico. Entre ellos, exdirectivos de Iberdrola y empresarios de grupos como Collosa.

Durante la primera sesión también se conoció la retirada de la acusación contra el empresario Carlos Galdón, que finalmente participará en el proceso únicamente como testigo. El juicio se prolongará hasta finales de enero de 2026, con un total de 43 sesiones ya fijadas en el calendario judicial. Entre octubre y diciembre comparecerán 84 testigos y 19 peritos, tras lo cual está previsto que declaren los acusados y se practiquen las pruebas documentales.

Según el escrito de la Fiscalía, la trama se fraguó a partir de 2003, cuando la Consejería de Economía habría establecido un sistema para condicionar la concesión de licencias eólicas a la entrada de empresas locales en los proyectos. Estas compañías adquirían participaciones a precios reducidos para luego revenderlas con un valor muy superior una vez lograda la autorización.

La acusación sostiene que este modelo permitió un enriquecimiento ilícito millonario a costa de un sector estratégico y bajo la amenaza de paralizar proyectos a quienes no aceptaran estas condiciones. Además del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, en la causa se personan como acusación popular Ecologistas en Acción y otras seis acusaciones particulares en representación de empresas perjudicadas.