El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Ávila, a través de su portavoz María del Carmen Iglesias, ha manifestado su rechazo a lo que consideran una reacción impropia del presidente de la institución, Carlos García, tras las críticas del PSOE de Ávila. Los socialistas reclaman que se sustituyan los procesos de libre designación por otros en los que prevalezcan la transparencia, el mérito y la capacidad, con el fin de reducir riesgos de clientelismo y corrupción.

"Los insultos de Carlos García, llamándonos públicamente embusteros, no cambian la realidad: él y su equipo de gobierno abusan de contrataciones discrecionales y, entre ellas, la de la directora del Centro Infantas Elena y Cristina que, insistimos, debe dimitir como máxima responsable del caos en este centro residencial", resalta Iglesias.

La portavoz socialista considera que el presidente no dispone de más argumentos que la descalificación personal, "probablemente, García no tenga otro argumento que el insulto para rebatir que en la institución que él preside, en la Diputación, que es de todos, sobre todo de los pequeños pueblos, existe una amplia pasarela para contratar discrecionalmente como directivos, gerentes y mandamases bien remunerados a esposas de alcaldes y exrepresentantes de su partido; a regidores a sueldo de la Diputación, que ni pisan por ella; o para acomodar al frente del anhelado cuerpo de bomberos a otro alcalde del PP, como ya denunció en su día nuestro Grupo".

Asimismo, Iglesias critica la estrategia del Partido Popular de desviar la atención en asuntos de corrupción, "ha entrado en la moda afirmar que acusar al contrario de corrupción es entrar en el ‘Y tú más’. Este ‘Y tú más’ es una fórmula para esconder que aquí, en nuestro país, ante la corrupción, no todos somos iguales. Está el PSOE, que se toma en serio seguir perseverando en que sea un fenómeno acotado a pocas personas, y luego está el PP, un partido condenado por corrupción, que tiene abiertas por ese motivo 30 causas: Gürtel, Púnica, Eólicas, la Perla Negra, Lezo, Kitchen, Bárcenas, Taula, Erial, Novo Carthago …, con más de 150 cargos públicos implicados, que castiga a quienes denuncian irregularidades -¿recuerdan a Pablo Casado?-, y que está presidido por Alberto Núñez Feijoó, el amigo de un narcotraficante gallego".