El portavoz del equipo de Gobienro dle Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, ha aclarado este jueves sobre la sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha tumbado la Ordenanza de Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Ávila, que "vamos a seguir trabajando en la misma línea".

"La sentencia viene a aclarar la sentencia que es que se tiene que en primer lugar se tiene que aprobar el PMUS con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y después desarrollar la ordenanza de las Bajas Emisiones", ha explicado Budiño.

 En ese sentido, ha apostillado que "vamos a desarrollar un trabajo con los técnicos del Ayuntamiento para ver qué encaje hay que dar a ese PMUS para que se pueda dejar plasmado de manera catégorica esa zona de Bajas Emisiones".

En cuanto a la comunicación de una decena de ciudadanos de recurrir a la sentencia, el portavoz del equipo de Gobierno ha recalcado que "la sentencia no viene a recoger ninguna de las demandas que estas personas vienen a recurrir".

En ese sentido, ha remarcado que la Ley 7/2021 sobre el cambio climático y transición energética que establece la obligatoriedad de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares, y que Ávila tiene que cumplir con esa obligatoriedad. 

A pesar de entrar en vigor el pasado 1 de enero y tener aprobado que las sanciones comenzarían el próximo 1 de julio, el Tribunal ha dado la razón una decena de vecinos de la zona centro de la ciudad amurallada, que presentaban un recurso contencioso administrativo ante el TSJCyL, que ha declarado "la nulidad de la Ordenanza impugnada", alegando un defecto de forma, ya que la aprobación de la ZBE debería haber estado sustentado por la aprobación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y no al contrario.

La sentencia cambia la situación y obliga al Ayuntamiento de la capital abulense a volver a iniciar el proceso para aprobar esta ordenanza que afectaba, fundamentalmente, al casco histórico de la ciudad de Ávila, en su zona intramuros.

La ZBE anulada ahora por el TSJCyL, fue aprobada por el Pleno municipal hace un año, con el voto favorable del equipo de Gobierno de Por Ávila y los cuatro ediles del Grupo Municipal Socialista, mientras que los tres concejales de Vox se abstuvieron y los siete del Partido Popular votaron en contra.

Reacción del PP

El Partido Popular considera que la sentencia que anula la ZBE demuestra que "el alcalde ha despilfarrado una ocasión de mejorar la movilidad".

"La sentencia deja claro que Por Ávila ha empezado la casa por el tejado, pospuso la aprobación del plan de movilidad urbano sostenible solo por buscar el interés político de Sánchez Cabrera frente al de los abulenses", ha matizado el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ávila, Jorge Pato.

Asimsimo, ha recordado que el Partido Popular en el Consistorio fue el único grupo político en emitir un voto negativo a la implantación de la ZBE en la ciudad, tanto en la Comisión Informativa correspondiente como en el Pleno, mientras que POr Ávila y PSOE la apoyaron y Vox "se abstuvo para no molestar al alcalde, porque ya sabemos que en Ávila la veleta verde sopla donde le dicen los vientos amarillos", ironiza Pato.

Por tanto, "a Por Ávila le ha pillado el toro y se ha caído con todo el equipo por haber empezado la casa por el tejado, haber sesteado durante años con el nuevo pliego de autobuses, incapaz de sacarlo adelante ni con dos 'sablazos fiscales' a los abulenses", señala el portavoz 'popular'.

"Si no llega a ser por la moción del PP para establecer una moratoria en las sanciones entre el 1 de enero pasado y el próximo 1 de julio, todas las que se hubieran impuesto en este medio año habrían sido declaradas nulas y el Ayuntamiento habría que haber tenido que devolver el importe de las multas, con el gasto que ello habría conllevado", apunta Pato.

Por último, reivindica que la calle san Segundo se saque de la futura ZBE, "como hemos defendido desde el primer momento".

Reacción de Vox

Por us parte, el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Ávila celebra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula la ordenanza de creación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), "una norma injustificada que atentaba directamente contra los derechos y libertades de los abulenses".

"Esta decisión judicial confirma lo que desde Vox venimos denunciando: que se trataba de una medida arbitraria, impuesta sin el mínimo rigor técnico, y que en nada respondía a las necesidades reales de nuestra ciudad", ha delcarado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ävila, Laura García. 

Asimismo, García afirma que "desde Vox denunciamos que eestas políticas climáticas europeas no son propuestas, sino imposiciones, condicionadas a la concesión de fondos europeos. Esta forma de proceder es inaceptable: se gobierna a golpe de chantaje económico". 

"No vamos a permitir que se criminalice el uso del vehículo privado, que se limite la movilidad de las familias o que se expulse a los abulenses del centro de su propia ciudad", concluye la portavoz de derechas.