El contrato del servicio de abastecimiento de agua de Piedrahíta centra las críticas del Grupo Municipal Socialista, que reclama responsabilidades políticas a los sucesivos gobiernos del PP tras conocer los informes del secretario-interventor analizados en el pleno extraordinario del pasado 8 de octubre, convocado a petición del PSOE. La documentación jurídica concluye que el contrato con Aqualia finalizó en 2016 y que, en la actualidad, no existe un título jurídico válido y vigente que respalde la prestación del servicio.

Los socialistas sostienen que esta situación se ha prolongado durante años pese a las advertencias realizadas en anteriores sesiones plenarias. Según recuerdan, el PSOE solicitó en repetidas ocasiones regularizar el servicio sin que los ejecutivos municipales del PP encontraran una solución definitiva. También piden revisar las actas de aquellos plenos para comprobar las respuestas que recibieron sus propuestas, algunas de las cuales califican de despectivas.

La formación considera que la responsabilidad no puede limitarse al anterior alcalde, ya que la actual regidora, su primer teniente de alcalde y otros integrantes del equipo de Gobierno compartieron responsabilidades municipales con el anterior regidor. «No basta con culpar al pasado cuando quienes gobiernan hoy también formaban parte de aquel pasado», señala el Grupo Socialista.

El informe cuestiona la supuesta prórroga del contrato

Otro de los puntos señalados por el PSOE son las declaraciones realizadas por la alcaldesa en agosto, cuando aseguró que el contrato se había prorrogado con mayoría absoluta y calificó de «falacia» las críticas de la oposición.

Sin embargo, el informe jurídico diferencia entre la continuidad excepcional acordada en 2017 y una prórroga contractual. Para los socialistas, esta distinción contradice la explicación ofrecida por la regidora, por lo que le reclaman que aclare sus palabras y rectifique si procede.

El destino del canon de mejora, pendiente de aclaración

La documentación económica también ha generado dudas sobre el control de los ingresos y gastos vinculados al servicio. Según el PSOE, las carencias documentales y la ausencia de determinadas liquidaciones impiden realizar una fiscalización exhaustiva de las cuentas.

Entre las cuestiones pendientes figura el canon de mejora de 4,25 euros por recibo, destinado a financiar la conducción de agua entre La Cañada y La Torre. La formación reclama conocer la recaudación acumulada, el destino de las cantidades ingresadas, el momento en que se amortizó la inversión y si existen motivos para mantener este cobro.

Los socialistas puntualizan que la falta de liquidaciones no demuestra por sí misma que hayan desaparecido fondos, pero consideran imprescindible disponer de información completa y verificable para aclarar la gestión económica del abastecimiento.

El PSOE pide revisar los pliegos antes de adjudicar el servicio

La situación de la red constituye otro de los motivos de preocupación de la formación. Los estudios incluidos en la licitación calculan que las pérdidas de agua alcanzan el 53,23 %, mientras que, según el PSOE, no se contempla una inversión específica para renovar las conducciones. A estas cifras se añaden las averías y las necesidades de mejora del sistema.

Ante este escenario, el grupo municipal reclama un diagnóstico técnico actualizado que permita conocer el estado de la red, los costes reales del servicio y las inversiones necesarias antes de comprometer una nueva concesión por diez años.

Los socialistas consideran que los pliegos publicados no ofrecen una respuesta integral a los problemas del abastecimiento y advierten de que la falta de soluciones durante años está aumentando el malestar entre los vecinos.

Por ello, también quieren trasladar a las empresas que puedan concurrir al procedimiento su desacuerdo con las condiciones actuales. El PSOE asegura que continuará utilizando las vías legales e institucionales disponibles para reclamar una licitación basada en la cooperación, la transparencia y el conocimiento de las necesidades reales de Piedrahíta, con inversiones suficientes y una solución duradera.

El pleno aprueba reclamar a Aqualia las liquidaciones desde 2017

Durante la sesión extraordinaria, el PSOE planteó una medida provisional para regularizar la prestación del servicio mediante un contrato puente o un acuerdo expreso y limitado de continuidad, ligado a la revisión de los pliegos.

La propuesta no salió adelante después de que PP y XAV rechazaran tramitarla por urgencia. Tampoco prosperó la urgencia de la alternativa presentada por la alcaldesa, de modo que el pleno no aprobó ninguna medida para regularizar el contrato.

Sí obtuvo unanimidad de los concejales presentes la iniciativa socialista para solicitar a Aqualia todas las liquidaciones de ingresos, gastos y demás conceptos económicos correspondientes al servicio desde 2017. El PSOE asegura que vigilará el cumplimiento de este acuerdo para que la documentación permita esclarecer la gestión del abastecimiento.

Por último, la formación plantea si las deficiencias de control detectadas en este servicio deben llevar a revisar los mecanismos de supervisión de otras prestaciones municipales. No obstante, aclara que esta cuestión no implica dar por hecho que existan irregularidades en otros ámbitos.

«Los vecinos merecen saber qué pagan, por qué lo pagan y cómo se gestiona su dinero. Después de tantos años hacen falta cuentas, explicaciones y soluciones reales».