La responsable de la agencia señalada por los afectados de El Barraco que pagaron por viajes y alojamientos que nunca llegaron a materializarse, ha sido detenida y puesta a disposición judicial. La investigación cifra en alrededor de 80 las personas perjudicadas y en más de 40.000 euros las pérdidas económicas atribuidas a los hechos.

La detención supone un nuevo avance en un caso que se hizo especialmente visible tras la denuncia de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Piedad, de El Barraco, cuyos integrantes se quedaron sin las vacaciones que llevaban meses preparando. El grupo había organizado una estancia en Benidorm del 20 al 27 de septiembre para 66 personas, pero descubrió poco antes de la salida que el hotel previsto no tenía registrada la reserva.

El viaje costaba 450 euros por persona, por lo que el importe total ascendía a 29.700 euros. Los socios habían ido abonando el dinero en dos pagos, uno de 200 euros antes de finales de febrero y otro de 250 euros antes del 20 de agosto. Según explicó la presidenta de la asociación, Piedad Manso, el grupo había completado los pagos en la fecha prevista y confiaba en que todo estuviera organizado.

La alarma llegó cuando, a pocos días de la salida, la asociación llevaba alrededor de dos semanas intentando contactar con la responsable sin obtener respuesta. Ante la falta de información sobre las reservas y los detalles del viaje, decidió consultar directamente con el Hotel Oasis Plaza de Benidorm. Allí, según el relato de la presidenta, les comunicaron que no constaba ninguna reserva para el grupo.

La comprobación terminó por frustrar las vacaciones de los 66 viajeros, algunos de los cuales habían ahorrado durante meses para poder permitirse esa semana de descanso. La asociación presentó una denuncia ante la Policía Nacional en Ávila y trató de averiguar qué había ocurrido con el dinero entregado.

El caso de los jubilados de El Barraco no sería el único. La investigación recoge otros posibles perjudicados que pagaron por estancias hoteleras y descubrieron que los alojamientos no estaban reservados o que los establecimientos no habían recibido el importe correspondiente. Entre ellos habría clientes particulares que abonaron más de 1.000 euros por sus reservas.

La cifra global de afectados se sitúa en torno a 80 personas, mientras que el perjuicio económico superaría los 40.000 euros. La agencia, que operaba desde Salamanca, había cerrado sus puertas, lo que aumentó la incertidumbre de los clientes que trataban de obtener explicaciones y recuperar las cantidades pagadas. La mujer ha sido localizada y detenida en el marco de las actuaciones policiales. Tras el arresto, quedó a disposición judicial. La investigación deberá esclarecer las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades, así como determinar el alcance total de los perjuicios ocasionados a los clientes.