La creciente popularidad de los drones, especialmente durante los meses de verano, ha puesto el foco en la obligatoriedad de cumplir con la normativa de seguridad aérea en entornos urbanos y sobre concentraciones de personas. La Subdelegación del Gobierno en Ávila hace un llamamiento urgente a todos los operadores de drones para que comuniquen previamente sus vuelos, una exigencia fundamental para salvaguardar la seguridad ciudadana y evitar, a su vez, cuantiosas sanciones económicas.

La normativa es clara: cualquier vuelo de dron que se realice en zonas urbanas o sobre aglomeraciones de público, como las que suelen darse en eventos, festivales y actividades multitudinarias, debe ser comunicado a la autoridad competente. Esta comunicación debe efectuarse con una antelación mínima de cinco días a la realización de la operación. La importancia de esta medida se agudiza en la temporada estival, cuando la afluencia de visitantes y la celebración de actividades al aire libre se disparan, aumentando las probabilidades de incidentes.

El incumplimiento de esta obligación se considera una infracción grave, tipificada en el artículo 36.20 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Las sanciones por omitir estas comunicaciones obligatorias pueden oscilar entre los 601 y los 30.000 euros, una cantidad considerable que subraya la seriedad con la que las autoridades abordan esta materia.

Desde finales de 2024, los controles se han visto reforzados de manera significativa. La Comisaría de Policía Nacional en Ávila cuenta ahora con una Unidad de Seguridad y Protección Aérea equipada con un avanzado sistema de detección de vuelos de drones. Este sistema permite identificar en tiempo real la ubicación y características de los drones en vuelo, facilitando la comprobación de la correcta comunicación previa y la intervención policial ante cualquier irregularidad.

Como reflejo de esta intensificación de la vigilancia y la concienciación, la Subdelegación del Gobierno en Ávila ha incoado un total de 31 expedientes sancionadores hasta finales de mayo de este año. De ellos, 6 corresponden a 2024, 18 a 2025 y 7 en lo que va de 2026. Una vez detectada una posible infracción, se inicia el procedimiento administrativo, notificando al responsable los hechos y la sanción propuesta. Cabe destacar que los infractores tienen la opción de acogerse a un procedimiento abreviado, que permite reducir la sanción en un 50% si se abona en el plazo de quince días hábiles, siendo esta la vía más habitual entre los sancionados.

Normativa local

Un dato relevante que emerge del análisis de los expedientes es el elevado porcentaje de ciudadanos extranjeros entre los infractores, representando un 42 por ciento del total. Muchos de estos visitantes, aun disponiendo de licencias válidas en sus países de origen, desconocen la obligación específica de comunicar los vuelos en España cuando se desarrollan en entornos urbanos o sobre multitudes. Aproximadamente el 26 por ciento de las notificaciones se han dirigido al extranjero, un indicador más del componente turístico y el desconocimiento de la normativa local.

El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha insistido en la necesidad de un uso responsable de los drones. "Es fundamental que quienes planeen realizar este tipo de actividades se informen de las condiciones y obligaciones aplicables, especialmente en escenarios con público. Un vuelo irresponsable puede generar riesgos para la seguridad o interferencias, comprometiendo el éxito de eventos y la protección de las personas", ha declarado.