El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha respondido a la campaña de recogida de firmas impulsada por los ayuntamientos de Adanero y Sanchidrián contra el proyecto de planta de biogás y biometano previsto en Adanero, defendiendo que ambos consistorios disponen de herramientas administrativas y urbanísticas para actuar durante la tramitación del expediente.

Hernández Herrero ha recordado que el proyecto se encuentra en periodo de información pública, abierto y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, por lo que tanto los ayuntamientos como los particulares pueden presentar alegaciones mientras se recaban los informes sectoriales necesarios.

El delegado territorial ha cargado especialmente contra la postura del alcalde de Sanchidrián, al considerar "bastante llamativo" que critique ahora este tipo de proyectos después de haber respaldado, según ha dicho, la denominada ruta del biogás. Además, ha insistido en que una eventual autorización responde a un "acto reglado", sustentado en informes técnicos y en la aplicación de la normativa vigente.

En esa línea, ha subrayado que la regulación aplicable "procede del Estado" y ha recordado que el alcalde de Sanchidrián forma parte del Parlamento de España como diputado nacional.

Más allá del procedimiento autonómico, Hernández Herrero ha defendido que los dos municipios cuentan con un amplio margen de actuación dentro de sus competencias municipales. Así, ha apuntado que pueden aprobar normativa para "constreñir y limitar la implantación" de este tipo de instalaciones y les ha emplazado a estudiar esas vías.

Según ha explicado, los ayuntamientos tienen capacidad para actuar sobre aspectos como las distancias respecto al núcleo urbano, la circulación de vehículos pesados o las condiciones urbanísticas vinculadas a las licencias. "Las licencias municipales las van a conceder ellos", ha recalcado.

El delegado territorial también ha cuestionado la utilidad de la campaña de firmas promovida por ambos consistorios, al considerar que "no tienen ningún sentido" si no se canalizan hacia el procedimiento oficial de información pública y se dirigen al órgano competente, la Dirección General de Sostenibilidad.

Finalmente, ha sostenido que los ayuntamientos pueden adoptar decisiones que "condicionen, limiten o, inclusive, anulen" la posibilidad de implantar plantas de biogás en sus respectivos términos municipales, en lugar de "responsabilizar a la Junta de Castilla y León" sobre una autorización cuya concesión, ha insistido, todavía no está decidida.