El Ayuntamiento de La Adrada vuelve a estar en la primera línea de la actualidad informativa, Si la semana pasada era noticia por la el cambio de dos ediles populares al gupo de concejales no adscrito, en esta ocasión el Consistorio de la localidad adradense es protagonista por una decisión judicial. El Juzgado competente ha acordado, el pasado 16 de abril, la incoación de diligencias previas tras la presentación de una querella criminal interpuesta por Roberto Aparicio Cuéllar, líder de Nuestra Tierra,  contra María Pilar Martínez Saugar, actual alcaldesa del PP del municipio. La querella atribuye a la máxima responsable municipal la presunta comisión de graves ilícitos penales en el ejercicio de su cargo público.

Tras un exhaustivo análisis de la querella y la voluminosa documentación aportada, que supera los 80 documentos detallando el presunto ilícito penal, el Juzgado ha considerado que existen indicios suficientes para dar curso a la instrucción penal. El objetivo es esclarecer los hechos denunciados, que de acreditarse, podrían configurar delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, abuso en el ejercicio de la función pública y tráfico de influencias, todos ellos vinculados a actuaciones dentro del seno municipal.

La decisión judicial abre formalmente la investigación y ordena la práctica de diligencis. Entre ellas, destacan la declaración testifical de la Secretaria del Ayuntamiento que ejercía funciones en las fechas investigadas, así como la de un responsable de una empresa de transportes. Paralelamente, la propia Martínez Saugar, deberá comparecer en calidad de investigada.

La apertura de esta causa penal representa un acontecimiento de notable gravedad institucional y política para La Adrada, al implicar directamente a la figura de la Alcaldía en presuntas actuaciones arbitrarias y contrarias a derecho. El hecho de que el órgano judicial haya apreciado base suficiente para activar la maquinaria penal subraya la seriedad de las acusaciones, que apuntan a una posible utilización ilegítima de recursos públicos y del poder institucional en beneficio de intereses particulares o ajenos al interés general.

Según se desprende de la información, la investigación judicial se centrará, entre otros aspectos, en esclarecer lo sucedido con el dinero de las entradas de los festejos taurinos celebrados en 2023. Se pretende determinar por qué la alcaldesa, concejales de diversos grupos políticos (PP, PSOE y Por La Adrada) y otras personas tuvieron contacto con estos fondos y por qué su ingreso bancario se demoró hasta 15 días después. Asimismo, se investigarán los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros, una práctica que, según se señala, está prohibida, y la presunta omisión de la función interventora y fiscalizadora del Ayuntamiento de La Adrada.

Aparicio Cuéllar, por su parte, ha manifestado su "absoluta confianza en la Justicia" y ha reiterado su compromiso de continuar ejerciendo las acciones legales necesarias para defender la legalidad, la transparencia y el interés de los vecinos de La Adrada. El líder de Nuestra Tierra ha afirmando que "la Justicia habla ahora donde otros únicamente intentaron hacer propaganda y difamaciones, construyendo relatos falsos, para ocultar la realidad de la gestión del equipo de Gobierno y sus socios".