El pediatra, con una larga trayectoria en el Hospital de Salamanca, se incorpora a la estructura de la Consejería de Sanidad.
Sacyl, condenada por la muerte de un enfermo al que no hizo una prueba en Ávila
El TSJCyL ha condenado a la sanidad de Castilla y León a indemnizar con 120.000 euros a la familia de un hombre de 56 años que falleció en 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la Sanidad de Castilla y León (Sacyl) a indemnizar con 120.000 euros a la familia de un hombre de 56 años que falleció en 2022 a causa de una perforación intestinal en el Hospital Nuestra Señora de sonsoles de Ávila. El Alto Tribunal ha dictaminado que la omisión de una prueba diagnóstica clave redujo las posibilidades de supervivencia del paciente.
Según la sentencia, el centro sanitario abulense no realizó una valoración diagnóstica exhaustiva que era necesaria ante la presencia de varios indicadores, como dolor abdominal, antecedentes de diverticulosis, un tratamiento prolongado con corticoides y determinados hallazgos radiológicos. Estos elementos, a juicio del tribunal, exigían la realización de un TAC abdominal para descartar una perforación intestinal.
La sala considera que, si bien no se puede afirmar con certeza que un diagnóstico más temprano hubiera evitado el fallecimiento, la no realización del TAC redujo "significativamente" las posibilidades de supervivencia del paciente. Por ello, el TSJCyL aplica la doctrina de la 'pérdida de oportunidad terapéutica', que reconoce una indemnización cuando una actuación médica impide al paciente beneficiarse de opciones reales de tratamiento o curación, incluso sin poder demostrar que el resultado final hubiera sido distinto.
De los 120.000 euros de indemnización, 60.000 corresponden a la viuda del fallecido y los 60.000 restantes se repartirán entre sus tres hijos, a razón de 20.000 euros cada uno. Esta cantidad contrasta con los 339.736,43 euros que la familia había solicitado inicialmente en su reclamación por responsabilidad patrimonial, interpuesta ante la Consejería de Sanidad en noviembre de 2023 tras el silencio administrativo.
El fallo, que además impone las costas del proceso a la Junta de Castilla y León, no es firme y puede ser recurrido en casación.
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