La Policía Nacional ha detenido en Ávila a dos personas acusadas de organizar presuntamente una trama dedicada a gestionar empadronamientos fraudulentos para ciudadanos extranjeros, cobrando cantidades que oscilaban entre 200 y 600 euros por cada inscripción irregular.

La actuación fue desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que detectaron varios inmuebles donde figuraban registradas numerosas personas, algunas de ellas en situación administrativa irregular. En una de las viviendas llegaron a aparecer inscritas hasta 27 personas, además de los residentes reales del domicilio.

A los arrestados se les atribuyen supuestos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación comenzó hace aproximadamente dos meses tras observarse, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, un incremento inusual de altas en el padrón municipal concentradas en determinadas direcciones y en periodos muy breves.

Según las pesquisas policiales, la red captaba principalmente a ciudadanos extranjeros de origen magrebí, tanto en situación regular como irregular, ofreciéndoles la posibilidad de obtener un certificado de empadronamiento sin necesidad de residir realmente en las viviendas utilizadas para ello.

Los investigadores identificaron a un ciudadano español que supuestamente se encargaba de conseguir los inmuebles y gestionar los pagos, mientras que otro hombre de nacionalidad marroquí actuaría como intermediario entre los interesados y la organización.

Durante la operación se revisaron numerosos registros padronales en diferentes inmuebles donde se detectaron altas simultáneas o efectuadas con escasa diferencia temporal, una circunstancia que, según la Policía, apuntaba a un uso sistemático de viviendas para realizar inscripciones ficticias.

La investigación sostiene que para completar los trámites se habrían falsificado contratos de alquiler y firmas de propietarios, permitiendo así registrar a personas que no tenían intención de vivir en esos domicilios.

Los agentes consideran que estos certificados podían utilizarse posteriormente para acreditar arraigo en España, iniciar procesos de reagrupación familiar o acceder de manera irregular a trámites administrativos y servicios públicos, entre ellos autorizaciones de residencia y trabajo, asistencia sanitaria o ayudas sociales.

Hasta el momento se han localizado cuatro viviendas vinculadas a la actividad investigada, además de las dos detenciones practicadas y la identificación de otras 27 personas relacionadas con los empadronamientos presuntamente irregulares.

La Policía señala que la operación ha presentado dificultades por la dispersión de los implicados en distintos puntos del país e incluso fuera de España, así como por problemas de comunicación y el uso de varios inmuebles para desarrollar la actividad investigada.

La operación continúa abierta y los investigadores no descartan nuevas detenciones ni el hallazgo de más viviendas relacionadas con esta supuesta red fraudulenta.