El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ávila someterá a debate en el próximo pleno una iniciativa en la que reclama la retirada del Real Decreto 316/2026, relativo a la regularización extraordinaria de inmigrantes. La formación sostiene que la norma ha sido impulsada por el Gobierno central sin contar con la participación de las entidades locales y cuestiona su encaje con los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El portavoz del grupo, Jorge Pato, advierte de que la aplicación de esta medida ya está teniendo efectos en la ciudad, al haberse aprobado __EMDASH__según afirma__EMDASH__ sin dotación económica ni medios suficientes, lo que estaría trasladando la presión asistencial a la administración municipal. En este sentido, señala que los servicios de Padrón y la Oficina de Atención al Ciudadano están registrando un aumento significativo de la demanda, lo que ha obligado a reforzar plantillas e incluso a contar con apoyo de voluntarios de Protección Civil para organizar la atención.

La moción también recoge las observaciones del Consejo de Estado, que habría señalado deficiencias en la normativa, entre ellas la falta de una memoria económica que contemple financiación para que los ayuntamientos puedan asumir tareas como la elaboración de informes de vulnerabilidad o el acompañamiento social de los solicitantes.

Asimismo, el grupo municipal critica que el decreto no contemple con suficiente detalle aspectos relacionados con el historial delictivo de los beneficiarios, y alerta de que el número de personas acogidas podría superar las previsiones iniciales. A su juicio, esta situación podría intensificar la presión sobre unas estructuras administrativas locales que ya operan con recursos limitados.

A través de esta propuesta, el Grupo Popular pretende que el Ayuntamiento de Ávila adopte una posición institucional de rechazo a la gestión del Gobierno en esta materia, inste a la retirada del decreto y reclame que cualquier regulación en materia de extranjería se tramite como ley en el Congreso, garantizando así el debate parlamentario. También solicita financiación suficiente y la definición de criterios objetivos de vulnerabilidad que permitan a la administración local hacer frente al impacto sin comprometer la cohesión social ni la prestación de los servicios públicos.

"Ávila es una ciudad comprometida con la inclusión, pero no podemos asumir en solitario un fenómeno de esta magnitud que ignora la ley, los mandatos del Congreso y el significativo aumento de la carga de trabajo en ayuntamientos con recursos limitados como el de la capital abulense", concluye Jorge Pato.