La Audiencia Provincial de Ávila acogerá el próximo miércoles 25 de marzo, a partir de las 9'30 horas, el juicio oral contra J.A.A.G., acusado de un delito de agresión sexual continuada sobre su sobrina-nieta. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 15 años de prisión para el acusado, considerando que cometió los presuntos abusos entre 2013 y 2016, cuando la víctima apenas tenía entre 8 y 11 años de edad.

Según el escrito de acusación pública, los hechos tuvieron lugar en la capital abulense, en la vivienda del acusado, donde la menor quedaba al cuidado de su tía-abuela y de J.A.A.G. en ocasiones. El Fiscal detalla que, cuando el procesado se quedaba a solas con la niña, "prevaliéndose de la relación de superioridad que le otorgaba ser pariente por afinidad", habría realizado actos de carácter sexual en un número indeterminado de veces. El relato de la acusación sostiene que el hombre "amedrentaba" a la pequeña, advirtiéndole de que se enfadaría si lo contaba, lo que le generó un "lógico temor" y motivó que no revelara los hechos hasta mucho tiempo después.

La petición del Fiscal no se limita a la pena de cárcel. Solicita también una prohibición de aproximación a la víctima a menos de 300 metros durante los diez años posteriores a su eventual salida de prisión, así como diez años de libertad vigilada. Adicionalmente, se plantea una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores durante los cinco años posteriores a la condena. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama una indemnización de 60.000 euros para la víctima por los "perjuicios morales" y "daños físicos" ocasionados.

Las secuelas de los presuntos abusos, según la fiscalía, son severas. Se informa que la víctima, que actualmente tiene alrededor de 19 años, sufre un "trastorno esquizofreniforme" diagnosticado en marzo de 2022, lo que le ha llevado a tener reconocido un 35 por ciento de discapacidad y a seguir tratamientos psiquiátrico y psicológico.

Por su parte, la defensa de J.A.A.G. ha solicitado la absolución de su cliente. Argumenta que "no existen hechos constitutivos de delito alguno" y que "no hay evidencia objetiva que respalde" las acusaciones, calificándolas de "incongruencias, contradicciones y ambigüedades". La defensa recalca las "manifestaciones tardías" de la víctima y la ausencia de prueba física o testigos directos.

Estado salud demandante

Sobre el estado de salud de la denunciante, la defensa reconoce que la víctima padece "déficit cognitivos significativos" y un "trastorno esquizofrénico" desde febrero de 2022, con la misma discapacidad reconocida, pero insiste en no asociar dicho trastorno a unos hechos que, según su criterio, "no se han producido en modo alguno".

El caso llega a juicio con dos versiones contrapuestas, donde la justicia deberá dilucidar la veracidad de las acusaciones y determinar la responsabilidad penal del acusado.