La formación política Izquierda Unida ha planteado la necesidad de transformar profundamente las políticas forestales y el modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León, en el contexto actual marcado por el debate previo a las elecciones autonómicas. Según la organización, es imprescindible modificar de forma radical el enfoque aplicado hasta ahora para afrontar con eficacia una emergencia que consideran estructural.

Desde IU señalan que los incendios forestales requieren una revisión estratégica urgente, independientemente de que se produzcan años especialmente críticos. La formación advierte de que la gestión de este tipo de emergencias debe abordarse con mayor seriedad y planificación a largo plazo, ante el aumento de su frecuencia e intensidad.

La organización responsabiliza a las decisiones adoptadas durante las últimas dos décadas por la administración autonómica, en particular bajo la dirección de José Ángel Arranz y con Juan Carlos Suárez Quiñones como consejero durante buena parte de ese periodo, a quienes atribuyen el deterioro del sistema actual.

IU sostiene que los grandes incendios forestales constituyen ya una realidad persistente, lo que obliga a asumir que su control será cada vez más complejo. En este sentido, consideran prioritario reforzar las medidas de prevención, al tiempo que reconocen que, una vez iniciados, el margen de actuación puede limitarse en muchos casos a reducir sus consecuencias.

La formación también subraya que el fenómeno responde a múltiples causas, entre ellas el abandono del medio rural, el cambio climático, la acumulación de vegetación en los montes, la fragmentación de la propiedad forestal y la situación laboral del sector.

En este marco, IU Ávila apuesta por un modelo de gestión del territorio orientado a favorecer la vida en el entorno rural. Entre sus propuestas destacan el impulso de la ganadería extensiva, incluyendo especies bovinas, ovinas y caprinas, el fomento de la agricultura ecológica, el desarrollo de un turismo rural sostenible, la promoción de la educación ambiental y la creación de paisajes en mosaico que contribuyan a reducir el riesgo de propagación del fuego. También reclaman mejoras en las condiciones laborales del personal forestal y la implantación efectiva de planes de protección periurbana.

En relación con el operativo autonómico, IU reconoce la cualificación del personal que integra el dispositivo, entre ellos bomberos forestales de las cuadrillas, agentes medioambientales, vigilantes, mangueristas, celadores de Medio Ambiente, técnicos y conductores o personal de los CPM, pero critica la gestión administrativa del sistema. La organización considera que la coexistencia de varios modelos de contratación genera desigualdades laborales y dificultades organizativas.

Asimismo, cuestionan el modelo mixto de gestión público-privada y defienden que el operativo debe integrarse plenamente en el sector público. A su juicio, la intermediación mediante empresas públicas incrementa los costes sin mejorar ni la eficacia del servicio ni las condiciones de los trabajadores.

En el plano normativo, IU plantea aplicar de forma completa la Ley 5/2024 Básica de Bomberos Forestales, con el objetivo de reconocer plenamente esta categoría profesional y mejorar aspectos como la prevención de riesgos laborales, la formación y las condiciones de jubilación. También propone desarrollar la Ley 4/2024 Básica de Agentes Medioambientales, con el fin de dotar a este colectivo de un marco regulador específico adaptado a las demandas actuales.

Finalmente, la formación defiende que ambos colectivos estén integrados de manera expresa en los protocolos de actuación del servicio de emergencias 112, con el objetivo de optimizar la coordinación y aprovechar de forma más eficiente los recursos disponibles ante cualquier incidente en el medio natural.