La organización agraria ASAJA Ávila ha instado a la Junta de Castilla y León a levantar de forma inmediata el acotamiento de los pastos en la provincia de Ávila, una medida que —según recuerdan— fue comprometida y no cumplida por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

ASAJA subraya que ese compromiso se adquirió el 22 de agosto del pasado año, cuando se garantizó mantener la admisibilidad de las superficies de pastos a efectos de las ayudas de la PAC a partir de 2026, tras una reunión de trabajo celebrada en Valladolid con las organizaciones profesionales agrarias.

La organización denuncia además un trato desigual entre provincias. Mientras que el levantamiento de pastos ya se ha aplicado en Salamanca, León y Zamora, en esta última con anuncio oficial publicado el 12 de febrero, en Ávila no existe —afirman— comunicación pública clara, ni resolución ni explicación transparente. Esta falta de información, añaden, genera una sensación de agravio y perjudica la planificación de las explotaciones.

ASAJA recuerda que la normativa autonómica es común y, por tanto, su aplicación debe ser homogénea, sin "provincias de primera y de segunda". En ese sentido, reclama que se levanten las superficies afectadas por incendios tanto de 2025 como de los últimos cinco años.

El colectivo agrario pone el acento en el impacto económico de la medida. El artículo 92 de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León suspende durante cinco años los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en zonas incendiadas, aunque permite su levantamiento por la autoridad ambiental. Al suspenderse el aprovechamiento, esas hectáreas dejan de ser elegibles para las ayudas, con pérdidas económicas significativas para las explotaciones.

Para la ganadería extensiva, advierten, la superficie admisible de pastos es clave para la viabilidad: sin ella, se reducen ingresos y se incrementa la inseguridad jurídica en plena planificación de campaña.

Por todo ello, ASAJA exige igualdad y transparencia y reclama que, si el levantamiento se ha aprobado en otras provincias, se aplique también en Ávila de manera inmediata y con publicidad, para que las organizaciones agrarias puedan informar con certeza a agricultores y ganaderos. El campo abulense, concluyen, "merece respeto, claridad y el mismo trato que el resto de provincias".