La sede de Izquierda Unida en Ávila acogió el pasado jueves una reunión con la Asociación de Personas Extranjeras Trabajadoras de Ávila y provincia (AMET), colectivo presidido por Darinka Lagos, residente en la provincia desde hace más de dos décadas tras emigrar desde Chile. La entidad está integrada principalmente por mujeres migrantes que comparten el objetivo de promover la defensa de sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.

Durante el encuentro, representantes de la coalición formada por Sumar, Verdes Equo e Izquierda Unida reiteraron su apuesta por consolidar a Castilla y León como un territorio de acogida. Entre las medidas que plantean figura la puesta en marcha de un plan autonómico de inmigración, orientado a reforzar la convivencia, facilitar la acogida y desarrollar acciones de sensibilización social frente al racismo, los delitos de odio y la xenofobia. Según señalaron, la población migrante afronta con frecuencia situaciones de desigualdad, exclusión social y discriminación.

Uno de los asuntos centrales fue el análisis del nuevo modelo de regularización, que se encuentra actualmente en fase de borrador. Según se expuso, esta iniciativa pretende mejorar las condiciones legales de las personas migrantes y favorecer su inclusión social, ofreciendo mayores oportunidades de estabilidad para ellas y sus familias.

Asimismo, los participantes destacaron que la regularización también tendría impacto en el ámbito económico, al facilitar la integración en el mercado laboral, aumentar la recaudación fiscal y contribuir a cubrir vacantes en sectores estratégicos. En este sentido, se considera que estas medidas podrían ayudar a afrontar el envejecimiento de la población activa y reforzar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Por último, desde la coalición insistieron en su mensaje de que Castilla y León debe mantener su carácter de tierra de acogida y expresaron críticas hacia la postura del Partido Popular y del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al considerar que sus posiciones no responden a los retos demográficos y sociales actuales, como la despoblación, la continuidad de los servicios públicos rurales y el desarrollo futuro de la comunidad.