El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, visitó este lunes Salamanca para reunirse con entidades del tercer sector, en la sede de la Unión de Cooperativas Owen, un área que considera "absolutamente fundamental" en la economía social para generar empleo, combatir la exclusión y fijar población en el territorio, especialmente en el medio rural. Lo hizo, además, acompañado por el cabeza de lista a las Cortes por Salamanca, Fran Díaz.

Carlos Martínez presentó un diagnóstico "demoledor" de la situación demográfica y social de Castilla y León. "En 95.000 kilómetros cuadrados resistimos todavía 2,47 millones de personas, pero 1,2 millones de castellanos y leoneses nacidos desde 1983 están desarrollando su proyecto vital fuera de la Comunidad", expuso. A ello sumó que, según el informe Arope, "el 24,1% de quienes residimos aquí está en riesgo de exclusión social", una realidad que vinculó a la falta de oportunidades laborales y de políticas públicas eficaces.

Frente a ese escenario, el candidato socialista defendió la economía social como una alternativa a los "mantras de la derecha" centrados únicamente en la rentabilidad económica. "Necesitamos abordar con realismo la situación compleja de nuestra Comunidad y situar la perspectiva social de la creación de empleo como una de las estrategias fundamentales", afirmó. Martínez agradeció el trabajo de cooperativas y asociaciones que "llegan hasta donde no llegamos las administraciones" y anunció la propuesta de una estrategia específica de impulso, con financiación y una Dirección General propia de Economía Social dentro de la Consejería de Empleo.

"De eso llevamos hablando mucho tiempo y es lo que queremos transformar a partir del próximo 15 de marzo", concluyó, insistiendo en que el objetivo es generar oportunidades que permitan desarrollar proyectos de vida dignos en Castilla y León y evitar que "ningún territorio quede abandonado a su suerte".

Por su parte, Fran Díaz explicó que el encuentro se enmarca en un "proceso de escucha" del PSCyL con distintos sectores de la sociedad civil. "Teníamos claro que hoy había que dar un protagonismo especial a la economía social de Salamanca", dijo, antes de recordar que el sector da empleo a unas 30.000 personas en la Comunidad, agrupa a unas 5.000 empresas y mueve el 1,5% del PIB autonómico, según datos de la Junta. Díaz destacó además que estas entidades "prestan servicios en municipios del medio rural donde no llegan otros" y generan oportunidades laborales en colectivos más desfavorecidos, "como las mujeres".

En clave política, el dirigente socialista sostuvo que desde la Junta "se puede hacer mucho más" en materia de empleo y economía social, y apostó por "crear un marco normativo nuevo que favorezca el crecimiento de las empresas que ya existen y que se sumen muchas más". En este contexto, advirtió de las consecuencias que, a su juicio, tuvo la cesión de competencias a Vox al inicio de la legislatura y defendió un cambio de gobierno para "no arriesgar derechos en ámbitos tan sensibles como el empleo y la industria".

Finalmente, la presidenta de la asociación Adesocial, que agrupa a empresas de inserción, centros especiales de empleo y cooperativas, subrayó el impacto real del sector en la ciudad. "Nuestro objetivo es representar y defender a empresas como las nuestras y demostrar el retorno social de lo que aportamos. De cada euro con el que la administración pública contribuye a la economía social, retornamos 1,78", afirmó. En este sentido, recalcó que el sector cumple "un objetivo muy importante en la creación y el mantenimiento de empleo para personas con discapacidad o en situación de exclusión social".

Desde Adesocial reclamaron reforzar el apoyo a las organizaciones representativas del sector y pusieron en valor el trabajo desarrollado en Salamanca con los contratos reservados. "Es muy importante la difusión y la formación de empresas como las nuestras y que cada vez tengamos más presencia y capacidad para lograr contratos de este tipo en los servicios del Ayuntamiento", señaló su presidenta, que resumió las demandas como "reivindicaciones fruto de años de trabajo en la ciudad".