Comisiones Obreras ha puesto en valor el acuerdo político anunciado para facilitar un proceso de regularización administrativa de personas migrantes en España, al considerar que responde a una disfunción estructural del sistema que perjudica directamente a una parte de la población extranjera.

Desde el sindicato advierten de que la irregularidad administrativa conduce a muchas personas a situaciones de exclusión social, sobreexplotación laboral y clandestinidad, lo que agrava la precariedad y limita el ejercicio de derechos básicos. A su juicio, la iniciativa supone un avance en la línea de no dejar a nadie atrás y de afrontar la gestión de las migraciones desde una perspectiva humana, responsable y ajustada a la realidad social.

CCOO subraya que la propuesta llega en un contexto de crecimiento económico y expansión del empleo, en el que la aportación de la inmigración resulta determinante. Regularizar a personas que ya están trabajando en España —aunque en condiciones indignas e indecentes— implica reconocer sus derechos como personas, favorecer su integración social y garantizar sus contribuciones fiscales y a la Seguridad Social.

El sindicato considera que asumir la necesidad de un proceso extraordinario de regularización es un ejercicio de responsabilidad política y realismo social, frente a discursos que presentan las migraciones como un riesgo y amparan respuestas excluyentes y discriminatorias ante una realidad social, económica y demográfica normalizada en el país.